Ambiente fragmentado, deterioro de los marcos ambientales en América latina 2013-2018

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La medición del crecimiento económico, condición que se considera necesaria para transitar hacia el desarrollo sostenible, no incorpora el costo de la degradación ambiental de las actividades humanas. Se sabe que a inicios del presente siglo, China estimó que dicho costo representaba un 10% de su PIB2. Si bien por razones políticas su metodología de estimación no pudo incluirse en el cálculo periódico de su PIB, actualmente la Oficina
Nacional de Estadísticas viene elaborando una nueva métrica que incorpore un componente de sostenibilidad3. De concretarse, probablemente represente un cambio significativo en su economía, con implicancias sistémicas e influencia a escala global.

En realidad, aún si nos atenemos a consideraciones estrictamente económicas, el PIB es un indicador muy cuestionado por estimar con poca precisión el valor de la producción; pero su debilidad como indicador de desarrollo es tanto mayor cuando nos percatamos de que, por ejemplo, no incorpora el costo en salud derivado del impacto ambiental de las actividades productivas. En la práctica, la no inclusión del costo de la degradación ambiental actúa como un incentivo perverso a todos los actores económicos, y los gobiernos en primer lugar, para no abordar de manera integral los impactos ambientales de las actividades económicas.

Es así que, resultaba auspicioso el surgimiento que tuvo lugar desde la década del 90 de diversas iniciativas de mercado con miras a fortalecer la gobernanza ambiental global, impulsadas por sociedad civil, el sector privado, gobiernos y organismos multilaterales, y que se han materializado en: estándares y certificaciones ambientales; la inclusión de disposiciones laborales y ambientales que promueven la Responsabilidad Social Empresarial y los aportes voluntarios del sector privado en acuerdos de comercio; políticas de salvaguardas sociales y ambientales para el otorgamiento de créditos por parte de la banca; la exigencia a empresas extractivas por parte de la Securities Exchange Commision (SEC), de transparentar aspectos ambientales y laborales, entre otros.

Es importante recordar en este punto el marco conceptual del Informe Summers, un documento interno del entonces economista jefe del Banco Mundial elaborado en 19916, que sustentaba la necesidad de transferir industrias contaminadoras a los países con menos desarrollo7; documento que merece ser evaluado al momento de analizar el rol de las iniciativas de mercado. En todo caso, en base a la evidencia disponible a la fecha se hace necesario realizar una evaluación detallada de los resultados de estas iniciativas, tal como se sustentará en el presente informe.

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