Análisis al nuevo marco de política ambiental y social del BID

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La presencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en América Latina y el Caribe (ALC) se ha incrementado a través de los préstamos otorgados a los países de la región, con el objetivo de afianzar su relación con la región en el contexto geopolítico actual. Como muestra, en 2020, el BID incrementó su capital a USD 12 600 millones a toda la región, y el grupo BID1 movilizó USD 1000 millones para ayudar a los países miembros prestatarios a adquirir y distribuir vacunas contra la COVID-19,2 por lo que es un actor financiero estratégico para los países de la región, más aún en medio de la pandemia.

En la misma línea, es preciso mencionar que el BID, como institución financiera de desarrollo, tiene el propósito de apalancar medidas estratégicas que acorten las desigualdades sociales de ALC, como las políticas públicas que buscan satisfacer las demandas sociales, pero que, según el BID, aún presentan bajos índices de eficiencia3 , lo que explica la deficiente infraestructura de servicios públicos –y que ha golpeado a la población en el confinamiento–. Por ello, es necesario continuar replanteando las responsabilidades y los roles de los Estados y la banca en la necesidad de generar servicios dirigidos a la población, es decir, que garanticen los derechos humanos.

En ese sentido, el 2020 ha sido un escenario de cambios de los lineamientos del BID, pues se eligió a un nuevo presidente en medio de cuestionamientos políticos, ya que contradice el estatuto del banco, al no ser de nacionalidad de un país de la región. Además, se han reformado sus salvaguardas sociales y ambientales, ahora denominadas Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS), que son requisitos para los Estados y para conseguir la viabilidad de los préstamos por parte del BID.

Esta reforma responde a una serie de obvervaciones realizadas por la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE)4 sobre el «nivel de eficacia que han tenido los sistemas de salvaguardias del Grupo BID en la prevención, gestión y mitigación de los impactos ambientales y sociales, los cuales han sido adversos de las operaciones financiadas por el Grupo BID».5 La OVE concluyó que era el momento de cambiar las salvaguardas y sus principales recomendaciones fueron 1) ampliar las medidas sobre los aspectos sociales, 2) cambiar el enfoque de procesos hacia principios y 3) establecer «una separación nítida entre las responsabilidades del BID y las de los prestatarios»,6 entre otras de importancia.

Ahora el BID cuenta con diez normas de desempeño (ND) y una serie de disposiciones transversales que incluyen las recomendaciones mencionadas. A su vez, el MPAS del BID ha incrementado la implementación de estándares ambientales y de derechos humanos regidos en el ámbito internacional, como el Acuerdo de París; el marco de derechos indígenas; el marco de derechos humanos; los principios relacionados con el uso adecuado, sostenible y la protección de los recursos naturales, entre otros de importancia que se detallarán más adelante.

En la misma línea, de modo más específico, entre las disposiciones de carácter social que contiene el nuevo MPAS sobre el respeto de derechos se encuentra la ND n.o 7, donde se mencionan los protocolos de consulta previa indígena. Esta medida fortalece el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, ya que es uno de los derechos más vulnerados por parte de los Estados,7 al generar excepciones para su aplicación. En este aspecto, las empresas y financistas cumplen un rol importante al avanzar con proyectos que no cuentan con la licencia social, por lo que la mención de estas herramientas reitera la obligación de respetar ese derecho.

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