Comunicado | Se aproxima la Reunión Anual 2022 del Banco Interamericano de Desarrollo, sin presencia de la sociedad civil

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  • El encuentro se realizará del 28 de marzo al 1 de abril con sede en Washington D.C. y la asistencia será principalmente de forma virtual.
  • Los líderes económicos y financieros de los 48 países miembros tratarán los diferentes desafíos y las oportunidades de desarrollo en América Latina y el Caribe

La Reunión Anual 2022 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la que se tratan temas cruciales sobre el financiamiento de proyectos y el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe, se realizará de forma virtual con sede en Washington D.C., del 28 de marzo al 1 de abril. Sin embargo, la sociedad civil no está invitada a participar, pese a los reiterados pedidos de las organizaciones y las comunidades para que se abran espacios de diálogo directo y efectivo.

En el evento se reunirán los gobernadores del BID y de su brazo del sector privado, BID Invest, que generalmente son presidentes de bancos centrales, ministros de Hacienda o altos funcionarios públicos de los 48 países miembros. Estos líderes económicos y financieros se encuentran cada año para conversar sobre los diferentes desafíos y las oportunidades de desarrollo en América Latina y El Caribe, y los sectores a los que se dirigirán los préstamos.

Así, a pesar de que el BID es la principal fuente de financiamiento de la región, apoyando proyectos que deberían promover, según sus objetivos, la igualdad de género, la inclusión social o la sostenibilidad ambiental, el banco sigue impulsando modelos de desarrollo que perjudican a las comunidades y los ecosistemas de la región, y que no se presentan como soluciones reales, sino que afectan los principios que dice impulsar. Esto sucede, por ejemplo, con los fondos dirigidos a la Amazonía.

Aun cuando existen dichas afectaciones ambientales y sociales, el BID insiste en excluir de sus reuniones anuales a las organizaciones y comunidades -como las campesinas, afrodescendientes o indígenas-, que son afectadas directa o indirectamente por la ejecución de los proyectos que financia. Sin importar, además, que esos encuentros se configuran como los más importantes para la toma de decisiones en materia de planificación sobre el desarrollo de América Latina y el Caribe.

Parece, entonces, que existe una contradicción entre las prácticas de esta institución y su discurso inclusivo y con enfoque sostenible. ¿Escucha el banco a las comunidades afectadas? ¿Respeta otras visiones de vida, el crecimiento de los territorios o el bienestar de los pobladores? Lamentablemente, pareciera que la respuesta es un ‘no’.

Desde la Coalición Regional por la Participación y Transparencia, de la que hacen parte organizaciones de Brasil, Bolivia, Colombia y Perú, insistimos en la necesidad de que el BID garantice la participación de la sociedad civil y, de esta forma, proporcione escenarios incluyentes y transparentes que permitan un monitoreo efectivo del financiamiento del Banco en carteras relevantes para el desarrollo de la región, así como el sector de infraestructura o la agenda climática.

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