EcoAmericas
Quito, Ecuador
En la sesión inaugural de la cumbre del clima, Correa dijo a los conferenciantes: “Nada —planeta entero, escúcheme— nada justifica que tengamos tribunales para proteger inversiones, para pagar deudas financieras, pero que no tengamos tribunales para proteger a la naturaleza y obligar a pagar las deudas ambientales. Se trata tan sólo de la perversa lógica de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas, pero el planeta ya no aguanta más”.
Pero en Ecuador este mes, Bartolo Ushigua, presidente de los saparas, uno de los seis grupos indígenas amazónicos que se oponen a las políticas petroleras del gobierno de Correa, replicó: “La primera persona a la que juzgaremos en este tribunal es [Correa], que internacionalmente dice una cosa pero en [Ecuador] practica enteramente otra”.
Gobierno firma contratos petroleros
El problema son los contratos que firmó el gobierno el 25 de enero con la empresa china Andes Petroleum para explorar dos áreas de concesión petrolera en el suroriente de Ecuador conocidas como bloques 79 y 83. Los bloques, que formaron parte de una licitación de concesiones petroleras en 2012, cubren colectivamente la mayor parte, con mucho, del territorio indígena sapara. Uno de ellos, el bloque 79, se solapa además con una pequeña porción del territorio indígena de Sarayaku, dicen los lugareños, aunque el gobierno lo niega.
Antes de la firma del contrato, el ministro de Hidrocarburos Carlos Pareja anunció planes para subastar nuevas concesiones para la exploración petrolera en el suroriente. Los líderes indígenas juraron resistirse a cualquier exploración que podría haber así como a la explotación de petróleo en los dos bloques de Andes Petroleum. “No vamos a permitir que las empresas petroleras entren a nuestro territorio”, dijo Ushigua, el líder sapara, a EcoAméricas tres días antes de que el gobierno y Andes firmasen los contratos de exploración. “Aunque el gobierno ha tratado de dividir a las nacionalidades indígenas, los 575 saparas están unidos y defenderán nuestro territorio”.
Correa retrata tal oposición como ilegal y obstruccionista. “Nadie puede estar por encima de la ley” ni “imponer sus caprichos por sobre el bien común”, dice. Afirma que tiene el apoyo de la mayoría de las comunidades afectadas, y acusa a los líderes indígenas de dañar al país con ayuda de grupos no gubernamentales extranjeros. “Somos el país que más ha hecho para socializar todo”, dijo Correa en una reunión con periodistas el 20 de enero. “Socializar es consultar, escuchar, pero decidir; es decir, gobernar, escuchar y decidir de acuerdo con el bien común, y actuaremos en consecuencia”.
Las comunidades indígenas se oponen a la explotación de petróleo debido a la preocupación por el futuro así como a la amargura por el pasado. En 2001, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró el idioma de los saparas “patrimonio oral e inmaterial de la humanidad” en peligro de desaparecer. Ese peligro, dicen los líderes saparas, no hará más que acrecentarse con los proyectos de explotación de petróleo en sus tierras.
Victoria judicial
Por su parte, el pueblo de Sarayaku ganó en 2012 las acciones legales que abrió contra el gobierno ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la exploración de petróleo en su territorio. El tribunal dictaminó que el gobierno no había cumplido con consultar a la comunidad y había puesto en riesgo a los habitantes al permitir que el concesionario, la argentina Compañía General de Combustibles (CGC), colocase unos 1,400 kg de explosivos pentolita de alto impacto. Todos estos explosivos, menos 150 kg, fueron colocados a gran profundidad bajo tierra para la exploración sísmica, pero el fallo de la corte interamericana se emitió antes de que fueran detonados.
El tribunal declaró que en los futuros proyectos de este tipo, los miembros de las comunidades deben ser consultados de manera compatible con las normas internacionales. Y dispuso que en el plazo de tres años todos los explosivos sean retirados de un total de 467 pozos de exploración hundidos entre 2002 y 2003.
Félix Santi (véase Entrevista en este número), líder del pueblo kichwa de Sarayaku, afirma que el gobierno no ha tomado ninguna de las medidas ordenadas por la corte. Denuncia que, en violación de la orden de la corte, el gobierno tampoco ha consultado a su comunidad en relación con la exploración del Bloque 79. El ministro de Hidrocarburos Carlos Pareja niega esto, diciendo que sí hubo consulta. Sin entrar en detalles, Pareja añade sin embargo que ciertos problemas relativos a la consulta pública han quedado por resolver.
Correa insiste en que todos los explosivos han sido retirados de Sarayaku. “Ya no hay pentolita, o es muy difícil de detectar”, dice. Mario Melo, abogado que representa a los miembros de la comunidad de Sarayaku, responde: “Los explosivos están en Sarayaku. La pentolita es un explosivo sumamente potente, y sigue constituyendo una amenaza para la vida y la integridad de este pueblo, y esto debe ser examinado por la Corte Interamericana”.
– Mercedes Alvaro
Contactos:
Mario Melo
Abogado de la comunidad kichwa de Sarayaku
Quito, Ecuador
Tel: +(59 32) 2299-1700
memelo@puce.edu.ec
Carlos Pareja Yannuzzelli
Ministro de Hidrocarburos de Ecuador
Quito, Ecuador
Tel: +(59 32) 2977-000
Félix Santi
Presidente
Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku
Pastaza Province, Ecuador
Tel: +(59 30) 32-883
tayjasaruta@sarayaku.com
Bartolo Ushigua
Presidente
Comunidad indígena sapara
Pastaza Province, Ecuador
