El Banco Interamericano de Desarrollo y su oportunidad de impulsar el verdadero desarrollo sustentable en América Latina

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Escrito por: Vanessa Torres, Subdirectora de Ambiente y sociedad.

El Banco Interamericano de Desarrollo continúa siendo la entidad crediticia con mayor inversión en América Latina, y en el año 2018 aprobó un monto de US$ 13.500 millones para préstamos de proyectos en sectores como infraestructura y energía. Por esta razón el anuncio de actualización de sus políticas sociales y ambientales durante el año 2019 es relevante para las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades en la región, teniendo en cuenta que muchos de estos proyectos han generado grandes impactos socio ambientales. 

El BID Invest, entidad parte del Grupo BID encargada de apoyar al sector privado, previa solicitud expresa de la sociedad civil de la región, decidió realizar durante el mes de septiembre consultas públicas en cuatro países de la región en las cuales se recibirían comentarios frente al contenido del borrador de la política de sostenibilidad ambiental y social propuesto durante esta fase de actualización. 

El pasado 4 de septiembre en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo una de las consultas presenciales impulsadas por el BID Invest.  En este espacio es importante resaltar la participación de diferentes líderes sociales y ambientales de todo el país, entre ellos líderes de pueblos indígenas y afrocolombianos  afectados por proyectos financiados por el BID Invest como es el caso de Hidroituango, la Ruta del Cacao, o la Perimetral de Oriente. 

Teniendo en cuenta las lecciones aprendidas durante la implementación de estos megaproyectos desde la Asociación Ambiente y Sociedad, consideramos fundamental la participación activa de las comunidades en la consolidación de normativas sociales y ambientales de los bancos multilaterales, dado su rol preponderante en el financiamiento de proyectos desarrollo, y a la vez resaltando el triste hecho que   Colombia es uno de los países con mayor número de conflictos socio ambientales en América Latina, y que actualmente ocupa el segundo lugar a nivel mundial entre los países con mayor número de asesinatos de líderes sociales y ambientales, de acuerdo con el último informe del Global Wintess de 2019. 

Durante la consulta realizada en Bogotá las organizaciones asistentes planteamos diferentes recomendaciones técnicas, entre las que destacamos las siguientes:  resaltar la importancia de que los nuevos marcos sociales y ambientales no sean copias exactas de otros estándares ya existentes, como es el caso de las normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional (CIF), brazo privado del Banco Mundial,  las cuales si bien cuentan con regulaciones en materia de pueblos indígenas o procedimiento ambientales fueron actualizadas en el año 2012. Por esta razón el BID debe asumir el reto de establecer estándares y guías procedimentales acordes con las necesidades actuales a nivel mundial en materia de cambio climático o la difícil situación de seguridad los líderes sociales.

Una nueva política social y ambiental de una institución como el Banco Interamericano de Desarrollo debería tener como eje central el “Generar beneficios” más allá de “no causar perjuicios”, por lo que su contenido no puede enfocarse únicamente en mitigar los daños que se generarían en un proyecto determinado, sino que la inclusión y reconocimiento en un marco de sostenibilidad de beneficios a las comunidades a partir de una cartera de inversión es necesario para la prevención efectiva de conflictos socio ambientales. 

Además de solicitar la inclusión de procedimientos ambientales específicos con términos claros, consideramos que la generalidad e indeterminación del lenguaje en este tipo de instrumentos genera confusión y poca credibilidad para el mismo Banco, por lo que es fundamental que se maneje un lenguaje claro y expreso frente a las obligaciones no solo del Banco sino también del cliente, en este caso la empresa privada. 

Finalmente consideramos fundamental que el BID considere crear una nueva norma de desempeño puntualmente sobre la participación comunitaria, esto teniendo en cuenta que la ausencia de participación y diálogo con las comunidades es la principal causa de los sobrecostos sobre las obras, el incumplimiento de plazos al igual que las afectaciones ambientales y sociales en los proyectos, tal como lo hemos visto en proyectos como Hidroituango. 

Las organizaciones de la sociedad civil en la región aplaudimos la apertura al diálogo por parte de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, y reiteramos la importancia de establecer procesos participativos para la construcción de este tipo de estándares, los cuales más que un desafío, representan una oportunidad de innovación para este tipo de instituciones si lo que se pretende es consolidar un desarrollo eficiente, y sustentable en América Latina.