- En 2016, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró la apertura del Arco Minero, que se extiende en forma de media luna del este al oeste en 112 000 kilómetros cuadrados, situados sobre todo en el estado de Bolívar, al sur del río Orinoco y en la Amazonía venezolana.
- Las comunidades indígenas dentro del Arco Minero no tuvieron ni voz ni voto en el desarrollo de la minería en su región o cerca de sus territorios, una clara violación del Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, un acuerdo del que forma parte Venezuela.
- La minería no solo se está extendiendo en el Arco Minero de Bolívar, donde grupos armados y el ejército compiten por oro, diamantes y coltán, sino también en el estado de Amazonas en el sur de Venezuela. Hombres y mujeres indígenas dejan sus comunidades ancestrales y pequeñas haciendas para llevar a cabo un trabajo agotador y peligroso en las minas por poco dinero.
- Se puede esperar que la violencia contra las comunidades indígenas y los conflictos con ellas aumenten a medida que las bandas armadas y organizaciones militares de Venezuela y los grupos guerrilleros de Colombia sigan extendiendo su presencia en la región y midiendo sus fuerzas en las zonas mineras.
Por: Bram Ebus
Fuente: Mongabay Latam
Las Claritas, Venezuela – Se cuentan en cientos, o incluso miles. Temprano por la mañana, la cifra podría llegar a multiplicar por diez la población Las Claritas. Grupos de mineros cargados con picos y bateas se encuentran en las carreteras caóticas para subir al transporte que sea posible en dirección a las minas ilegales que se encuentran a las afueras del pueblo.
Algunos de estos mineros artesanos, que maniobran alrededor de coches ruidosos y de niños vendiendo combustible de contrabando, llegan desesperados de los centros urbanos de Venezuela. Pero entre los mineros pobres con ropa raída y botas embarradas, también sobresalen muchos rostros indígenas.
La petroeconomía fallida de la nación, unas políticas gubernamentales desastrosas y un mercado laboral inexistente, los han llevado a todos a las minas de los alrededores para ganarse la vida a duras penas y dar de comer a sus hambrientas familias.
Este asentamiento remoto se ha visto transformado por la repentina fiebre de la extracción y el procesamiento de minerales. Los recién llegados no encontraron un lugar tranquilo en la selva, sino un submundo delictivo con numerosos burdeles, minas controladas por bandas y una epidemia constante de malaria.
Aquí hay pocas oportunidades y muchos riesgos para la vida y la integridad física.
La minería, un reclamo para los indígenas rurales pobres
Las Claritas se encuentra en medio del estado de Bolívar y es parte de una amplia región señalada en 2016 por el presidente venezolano Nicolás Maduro para grandes operaciones mineras como parte del Arco Minero. Ese proyecto, en este momento, está controlado en gran medida no por compañías mineras trasnacionales que participan en operaciones público-privadas —como prometió y promovió Maduro— sino por grupos armados ilegales llamados “pranes”.
El Arco Minero se extiende en forma de media luna del este al oeste en 112.000 kilómetros cuadrados, situados sobre todo en el estado de Bolívar, al sur del río Orinoco y en la Amazonía venezolana.
Cuatro secciones de Bolívar se incluyen en la zona minera decretada por Maduro, todas ellas se solapan con reservas ambientales y territorios indígenas protegidos legalmente. La minería a gran escala en esa zona podría amenazar al Parque Nacional Canaima —sitio de patrimonio mundial de la UNESCO—, la Reserva Forestal de Imataca, las reservas de La Paragua y El Caura, el Monumento Natural Cerro Guanay y la cuenca del río Caroní.
Los ecologistas están especialmente preocupados. “Significa la eliminación del río Orinoco y sus ecosistemas”, dice Alexander Luzardo, que tienen un doctorado en derechos ambientales y escribió la legislación de protección ambiental incluida en la constitución actual de Venezuela. El Orinoco es el tercer río más grande del mundo en volumen, sus aguas no son solo importantes para la biodiversidad de la región sino para las muchas comunidades indígenas que construyen su vida alrededor del río y sus cientos de afluentes.
Hay 198 comunidades indígenas en el estado de Bolívar. Y su gente, sobre todo pequeños agricultores, se han visto empujados a dejar su estilo de vida tradicional para entrar al Arco Minero —impulsados en gran medida por el asombroso índice de inflación (que probablemente supere el 2.700 % en 2017), y el rápido aumento del coste de la vida local que llegó con el éxito de la minería. Los hombres, por supuesto, trabajan en las explotaciones de oro, coltán y diamante, pero las mujeres indígenas también trabajan en las minas y a su alrededor preparando y vendiendo comida, limpiando alojamientos o trabajando como prostitutas.
“Deberíamos dedicar más tiempo a cosas que no están relacionadas con la minería, pero ya ves que los miembros de la comunidad se pasan todo el año en las minas”, dice Brian Clark. Él es líder indígena en Jobochirima, una comunidad cerca de Las Claritas. Jobochirima ha visto un importante éxodo de agricultores de las tierras de cultivo a las minas ilegales.
Algo grave es que las comunidades indígenas dentro del Arco Minero no han tenido ni voz ni voto en el desarrollo de la minería en su región. No se les ha consultado ni dado el derecho al consentimiento libre, previo e informado para los proyectos de minería que afectan a sus territorios, como requiere el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, un acuerdo del que Venezuela forma parte.
“El mayor peligro es que el gobierno se apropiará del liderazgo indígena”, afirma Luzardo. “Esto es como en la conquista de África por parte de las élites locales; como Mugabe, ¡esto es Mugabismo!”. En Zimbabue, según Luzardo, el estado “domesticó a los líderes indígenas” para tener vía libre para proyectos legales e ilegales de minería. Sucede lo mismo en Venezuela, cuando los líderes indígenas no trabajan con el estado, siempre existe la amenaza de coacción, como hacen algunas fuerzas militares que son omnipresentes en el Arco Minero hoy en día.
“La presencia del ejército aquí no es para las personas. Es para su propio beneficio”, dice Clark.
El ejército, explica, tiene una gran participación en la supervisión de muchas minas, y también realiza casi todo el trabajo relacionado con el paso de contrabando de oro de Venezuela a otros países. Esta situación puede llevar a escenas extrañas en Las Claritas y los alrededores, donde bandas armadas coexisten con el ejército (que patrulla en sus vehículos militares), y la Guardia Nacional y los servicios de inteligencia (que proveen de personal a los muchos controles de carretera de la región). Las pistolas están en todas partes y la violencia siempre es un riesgo.
Más allá del Arco Minero
En el borde suroeste del Arco Minero, cerca de la frontera entre los estados de Bolívar y Amazonas, se encuentra Ikabarú. Las zonas indígenas habitadas alrededor del pueblo están llenas de minas de oro ilegales. En septiembre de 2017, Lisa Henrito, responsable de seguridad indígena allí, observaba cómo sus tierras eran invadidas por buscadores de oro ilegales armados. Se vio obligada a activar la red de defensa indígena local para desplazar por la fuerza a 170 mineros.
Henrito es consciente de que las fuerzas militares del estado suelen ser cómplices de los proyectos de minería ilegales en su región; se soborna a los responsables para que miren a otro lado cuando entra la maquinaria pesada. “La Guardia Nacional y el ejército no dicen nada cuando las grandes máquinas y helicópteros pasan. Nadie [del gobierno] vigila esta zona”.
Dice, con mucha pena, que muchos indígenas están cegados por el dinero rápido que se puede ganar de la minería de oro y diamantes, y por eso participan en proyectos ilegales de minería. “Se traen las máquinas en nombre de los indígenas y los ponen a trabajar. Esas máquinas, en realidad, las traen otras personas brasileñas o venezolanas”.
Como Bolívar, el estado de Amazonas en Venezuela está plagado de minería ilegal. Varias fuentes de una comunidad indígena local confirmaron a Mongabay que la minería ilegal se ha extendido por todo el estado, y el Parque Nacional Yapacana ha sido arrasado por las numerosas minas ilegales de oro.
La minería también afecta gravemente a los pueblos indígenas de Amazonas. De hecho, el 54 % de los habitantes del estado son indígenas, el porcentaje más alto de todos los estados de Venezuela.
“No está lejos de ser un etnocidio”, dice Liborio Guarulla, gobernador saliente del estado de Amazonas e indígena él mismo. El etnocidio se define como la destrucción deliberada y sistemática de una cultura o grupo étnico, normalmente llevada a cabo por fuerzas exteriores. Según el líder político, 20 comunidades indígenas ya se están viendo afectadas de forma negativa por la minería en su estado, pero el auge de la minería no ha hecho más que empezar.
Aunque Amazonas no está oficialmente en el plan nacional de minería del presidente Maduro, y aunque está fuera del Arco Minero, el estado ya ha sido ocupado por entre 10.000 y 12.000 mineros ilegales, según Guarulla. Esa cifra está aumentando a medida que pequeños mineros ilegales se ven empujados a salir del estado de Bolívar, donde las grandes empresas y el ejército compiten por ocupar las áreas ricas en minerales, arrebatándoselas a los mineros artesanales ilegales. “Mucha gente de Bolívar se ve desplazada por las empresas que llegan porque no hay control”, explica Guarulla.
El Decreto 269 de 1989 —declarado por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez— prohibía la minería en Amazonas, pero muchos temen ahora que el Arco Minero acabe siendo extendido oficialmente a ese estado. “Sin duda”, responde Guarulla cuando le preguntamos por esa posibilidad. La minería “se ha convertido en un gran negocio porque el gobierno nacional ha generado mucho control directamente por sí mismo”.
Esa preocupación la comparte Héctor Escandell García, geólogo que trabaja para el vicariato de Amazonas (que tiene una oficina de derechos humanos para proteger a las comunidades indígenas), y es el antiguo director del Ministerio del Ambiente en Amazonas. García sospecha que el gobierno central justificará la minería comercial a gran escala como una alternativa legal aceptable a la minería ilegal, a la que el gobierno culpará de la degradación ambiental pasada y actual.
Sin embargo, Escandell afirma que la degradación social y ambiental de la pequeña minería ilegal simplemente allana el camino para megaproyectos mineros más destructivos. “Limpias el terreno, cortas árboles, depuras la población: los indígenas y agricultores serán desplazados o integrados”, cuenta “Así creas las condiciones para la minería a gran escala”.
Participación de las guerrillas
La proximidad del Arco Minero y el estado de Amazonas con Colombia complica aún más las cosas. Guarulla revela que hay miles de guerrilleros colombianos en su estado. La presencia de estos colombianos de las guerrillas del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y grupos disidentes de las FARC también se extiende en el estado de Bolívar, donde los rebeldes no solo están interesados en la minería de oro, sino en cavar para extraer un mineral de color grisáceo, el coltán, que se pasa de contrabando a Colombia. El coltán es un mineral de conflicto que se utiliza de forma generalizada en los ordenadores y otros dispositivos electrónicos del mundo desarrollado. Es una forma popular de ganar dinero para las milicias rebeldes en el Arco Minero, el Congo y todo el mundo.
Una fuente indígena del área de Parguaza, en la frontera de Bolívar con Amazonas, que prefiere ser anónima por seguridad, dijo que en septiembre el coltán se vendía por 80.000 o 100.000 bolívares (unos dos dólares) el kilo a las guerrillas. Los mediadores indígenas funcionan como contacto para las guerrillas colombianas, a las que llaman “los compradores”.
Las poblaciones indígenas, sin embargo, no se llevan bien con las guerrillas. Los guerrilleros colombianos han amenazado repetidamente al grupo indígena para que mantenga bajo el precio del coltán, según la fuente de Mongabay, e incluso mataron a dos indígenas en la zona hace tres años.
Se puede esperar que llegue más violencia contra las comunidades indígenas y que haya más conflictos, ya que las bandas armadas y organizaciones militares, y los grupos guerrilleros colombianos siguen aumentando su presencia, compitiendo y midiendo sus fuerzas en las zonas mineras, dicen los expertos.
“¿Cuál era el plan?” pregunta Luzardo de forma retórica, y luego contesta: hace tiempo que la intención del gobierno es absorber a las comunidades y culturas indígenas en los negocios lucrativos y a menudo en operaciones mineras ilegales. Integrar “a los indígenas y hacerlos mineros. Penetrar y utilizar poblaciones vulnerables par que se conviertan en agentes de destrucción en su propio territorio”, declara.
En Las Claritas, a lo largo del alcance del Arco Minero de este a oeste y más allá en Bolívar, al sur en el estado de Amazonas, uno puede ver la evidencia en desarrollo de este supuesto “plan” a medida que los habitantes nativos de Venezuela se separan inexorablemente de los arados y los cultivos para ir hacia los picos y las concesiones de oro, y entrar en un submundo industrializado que seguramente sería un anatema para sus tradiciones y costumbres.
El gobierno Venezolano no quiso responder a las peticiones de comentarios sobre los artículos presentados en esta serie de Mongabay.
Esta serie de Mongabay se produjo en cooperación con un proyecto de reportaje conjunto entre InfoAmazonia y Correo del Caroni, posible gracias a una subvención del Centro Pulitzer para el Reportaje de Crisis. Una plataforma multimedia de InfoAmazonia llamada Digging Deeper into the Mining Arc (Cavando más hondo en el Arco Minero) presenta esta historia y otras.
