El manifiesto contra la deforestación de La Macarena que pocos escucharon

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Fuente: Semana 

Treinta organizaciones de campesinos, indígenas y afrodescendientes presentaron propuestas, compromisos y exigencias para disminuir la pérdida del bosque en un foro con poca participación del Gobierno nacional. Aunque tienen la intención de cambiar la quema y la ganadería extensiva por apuestas agroecológicas, aseguraron que los responsables de la deforestación son terratenientes externos.

Los bosques de La Macarena vivieron un año fatídico durante 2017. Las 14.861 hectáreas boscosas perdidas (6,5 por ciento de la deforestación en Colombia), lo convirtieron en el cuarto municipio más afectado por el accionar de la motosierra, después de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y San José del Guaviare.

Los informes del Ideam muestran que el panorama no podría cambiar este año. En los primeros tres meses, La Macarena concentró 20 por ciento de las alertas tempranas por deforestación: el mayor porcentaje nacional. Y, mientras, en el vecino Parque Nacional Tinigüa, entre enero y marzo, más de 5.000 hectáreas de tupido verde quedaron calcinadas. 

ios amazónicos ya tiene un tatequieto, por lo menos legal. En abril, la Corte Suprema de Justicia expidió una sentencia para proteger la Amazonia, zona a la que pertenece La Macarena, y le puso tareas al Gobierno nacional y a las autoridades ambientales y municipios, entre las que se encuentran la formulación de un plan de acción para bajar la tasa de deforestación, la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial y medidas policivas y judiciales.

A este salvavidas acaba de sumarse un manifiesto ecológico y por la paz suscrito por 30 organizaciones de campesinos, indígenas y afrodescendientes de La Macarena, liderados por la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio (Asojuntas), que fue presentado la semana pasada en el segundo Foro Ambiental y Agrario.

Autorregulación comunitaria

En el documento de seis páginas, que incluye exigencias para el Estado y propuestas y compromisos por parte de la comunidad, las organizaciones dieron su visto bueno para cambiar sus tradiciones productivas, como la quema y la ganadería extensiva por apuestas intensivas, agroecológicas y más sostenibles; además de tomar como punto de partida las prácticas comunitarias de autorregulación para la protección ambiental y social del territorio.

Este pacto también propone un trabajo mancomunado entre las autoridades del Estado, las fuerzas regionales y los habitantes de La Macarena para definir las responsabilidades sobre el control a la ganadería extensiva y la protección efectiva del bosque, y a su vez las posibilidades para el desarrollo de una economía campesina sostenible.

“Si el gobierno busca mecanismos de producción controlada amigable con el medio ambiente y rentable para las comunidades de la región, podríamos mitigar el impacto ambiental de la deforestación”, dijo Delio Franco, Presidente de Asojuntas.

Las organizaciones plantearon acciones como reconvertir y transferir nuevas ganaderías por medio de sistemas silvopastoriles y poner en marcha un control concertado con las comunidades sobre los senderos verdes y ecológicos de los parques Tinigüa, Chiribiquete, Picachos y la Serranía de La Macarena.

“Evitar la praderización de la selva y la resiembra de coca necesita de una política de protección a la economía regional, tendiente a replicar otras experiencias exitosas sobre el cuidado del medio ambiente”, complementó Franco.

En el mediano plazo, las comunidades piden la realización de estudios que den cuenta de las condiciones productivas del medio amazónico y las posibilidades para el comercio de determinados productos en el mercado nacional e internacional; y en el largo el diseño y adecuación de una vía férrea que conecte a San Vicente del Caguán, La Macarena y Vista Hermosa, un tren amazónico de comunicación efectiva y rápida en la región.

Los verdaderos responsables

Los campesinos, indígenas y afrocolombianos de La Macarena, grupo estigmatizado desde los años 50 como un agente depredador de los recursos naturales, dijeron que no tienen la mayor responsabilidad en la voraz deforestación de la región. Le atribuyen el crimen de lesa naturaleza a terratenientes externos de la región.

El Presidente de Asojuntas aseguró que en el municipio hay dos clases de deforestadores. El campesino que tala para sembrar su comida y el gran empresario, ganadero o terrateniente de otros departamentos que llega a la zona para invadir baldíos y tumbar bosques de hasta 300 hectáreas.

Los grandes deforestadores vienen del Caquetá, en su mayoría, al igual que de Bogotá, Medellín y Huila. El año pasado, uno de ellos taló 400 hectáreas, hecho conocido por el gobierno. Como organizaciones no podemos denunciar ni soltar muchas cosas, ya que queremos vivir. Nos oponemos rotundamente a la presencia de estos terratenientes. Por eso nos organizamos, para que las autoridades entren a actuar”, denunció Franco.

“Están capturando campesinos”

La comunidad le pidió al Estado detener las medidas policivas de la Fiscalía contra las comunidades, e incluirlos en la construcción y ejecución del plan de acción contra la deforestación. Foto: Asojuntas La Macarena.

Carlos Rodríguez, coordinador de las organizaciones sociales de La Macarena, afirmó desconocer los nombres o la identificación de los principales causantes de la deforestación.

“Se oyen apodos, como ‘don Pacho’ o ‘don Pepe’, pero en sí ignoramos su verdadera identidad porque son de afuera. La tenencia de la tierra en la zona también contribuye a la pérdida del bosque. Acá no hay legalización. Si la gente tuviera un título con compromisos de conservación no dejaría que le talaran ni una orilla”.

Los 30 firmantes del manifiesto rechazaron de tajo la actual estrategia investigativa de la Fiscalía General de la Nación contra la deforestación en la Amazonia, que, según ellos, consiste en medidas policivas contra el pequeño y mediano propietario, y la catalogaron como una forma de revictimización. Tampoco sienten beneplácito por la política pública en materia de tierras y ambiente.

“Están capturando a los campesinos. Los grandes terratenientes y ganaderos mandan a un encargado para que consiga gente pobre de la zona, que vive del jornal y tiene más de cinco hijos. Los subcontratan para que talen. Las capturas surten solo para los campesinos y no para los verdaderos protagonistas.Esto podría generar otro conflicto más agudo en esta región que busca la paz”, dijo el Presidente de Asojuntas.

El manifiesto plantea una contradicción entre dos políticas del gobierno. Por un lado, lo que entienden como la persecución de la Fiscalía hacia la comunidad que practica la tala como forma tradicional para cultivar su pancoger, y, por otro, el visto bueno a las multinacionales para la explotación de recursos minero energéticos.

“Cada familia campesina, indígena y afrocolombiana debe reconocer que la vida del bosque tiene derechos, pero a su vez el Estado tiene la obligación de tratarnos y considerarnos como sujetos de derechos, y no como delincuentes”, complementó Franco.

Los autores le exigen al Estado detener las medidas policivas de la Fiscalía contra las comunidades, e incluirlos en la construcción y ejecución del plan de acción contra la deforestación y en el despliegue de una comisión interinstitucional entre los ministerios de Agricultura, Ambiente e Interior, Gobernación del Meta, Alcaldía de La Macarena y las autoridades ambientales de la región.

Además, una concertación para la titulación de las tierras, dar trámite a la consulta popular sobre las políticas minero energéticas que pretenden implementar, que la Corte Suprema de Justicia les aclare por qué vinculó a las comunidades en el cumplimiento de la sentencia de protección de la Amazonia y la pronta y efectiva implementación de acuerdos de La Habana.

Los que no vinieron

Solo cuatro autoridades del gobierno hicieron presencia en en el Foro Ambiental Agrario en la Macarena, todas del sector ambiental: Cormacarena, Parques Nacionales Naturales, Visión Amazonia y el Instituto Alexander von Humboldt.

El Presidente de Asojuntas dijo que el gobierno siempre ha hecho caso omiso a los llamados de la comunidad. “Cuando realizamos la convocatoria para el Foro Ambiental, muchas entidades contestaron que no podían ir porque ya no tenían viáticos. En el primer foro fue igual, siempre actúan con los oídos sordos”.

Para Franco, el evento buscaba la presencia de tomadores de decisión y una gran representación de entidades como el ministerio de Agricultura y las agencias de tierras, además de las ambientales, para sentarse a conversar y llegar a acuerdos que permitan un balance entre la producción y la sostenibilidad. “Queremos hacer el cambio. Pero en los dos foros ambientales el Estado fue sordo y brilló por su ausencia”.

Por su parte, el coordinador de las organizaciones sociales de La Macarena calificó de mal gusto el gesto del gobierno en el evento. “Dos semanas antes, cinco organizaciones campesinas fueron a Bogotá a invitar a entidades como los ministerios de Agricultura y Ambiente, Agencia Nacional de Tierras, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, por nombrar algunas. Queríamos dialogar con todas las autoridades para empezar a solucionar el problema de la deforestación.Unos aseguraron que no podían asistir porque ya estaban de salida en el gobierno ”.

Ante la poca participación estatal, las organizaciones campesinas de La Macarena ya trabajan en una nueva estrategia. “Nos hemos reunido con varios representantes y líderes del departamento del Meta para consolidar la Mesa Campesina de Concertación Ambiental, la cual, si es necesario, viajará a Bogotá a dialogar con el gobierno y hacer un acuerdo entre la institucionalidad y los campesinos. Esa reunión debe realizarse lo antes posible”, dijo el Presidente de Asojuntas.

Además de La Macarena, Uribe, Mesetas, Vistahermosa y Concordia ya decidieron unirse al nuevo llamado. El ideal es que esta mesa campesina se siente con todas las autoridades para buscar líneas de producción articuladas con el tema ambiental y poder articular a los campesinos.

Los que fueron

Francisco Parra, coordinador regional de Cormacarena, informó que hubo un sinsabor entre los cerca de mil asistentes al foro, ya que las entidades ambientales no pueden dar solución a los problemas productivos.

“Nosotros protegemos los recursos naturales, mientras que la competencia del ámbito productivo recae en el Ministerio de Agricultura y en varias agencias. Los campesinos, quienes talan entre una y tres hectáreas para producir su comida, piden soluciones sostenibles para continuar con el pancoger y cultivos como plátano, yuca y maíz y ganado”, dijo Parra.

Ante la poca presencia estatal, la comunidad busca consolidar La Mesa Campesina de Concertación Ambiental, para lograr una reunión con el gobierno. Foto: Asociación Asojuntas La Macarena.

El coordinador agregó que los grandes deforestadores provienen del Caquetá. “La cultura del caqueteño consiste en talar para hacer fincas y potreros. Además, La Macarena tiene vía de conexión con San Vicente del Caguán, lo que facilita el accionar para la tala. La comunidad nos ha contado que personas de allá llegan a la zona a comprar extensos terrenos a bajos precios para poner fincas, pero no denuncian nombres ni grupos”.

Entre tanto, Ricardo Carrillo, jefe de la Oficina de Planeación del Instituto Humboldt, piensa que la ubicación de La Macarena, en el límite de la frontera agrícola, obliga a que el sector agropecuario diseñe herramientas e instrumentos muy específicos.

“En el foro no ví presencia de funcionarios de esta entidad, y tampoco de los que manejan otros temas difíciles e históricos como el predial y la tenencia de la tierra, que no han avanzado mucho en la región”.

Para Carrillo, hay un malestar en el campesinado por los señalamientos que les hacen como causantes de la deforestación. “Una familia campesina, aplicando todos sus recursos financieros, deforesta entre 2 y 5 hectáreas al año, algo mínimo con los actuales niveles aterradores en los Parques Naturales como Tinigüa y La Macarena. Culparlos no tiene sustento”.

El funcionario del Humboldt aseguró que la sentencia de la Corte para blindar la Amazonia tiene molesta a la comunidad.

Los campesinos aseguran sentirse maltratados por el accionar de las autoridades, las cuales tuvieron que apretar las tuercas para cumplir con la sentencia. A pesar de no llevar el protagonismo, les ha caído con fuerza el peso de la ley”.

*Este es un producto periodístico de la Gran Alianza contra la Deforestación. Una iniciativa del Gobierno de Noruega,  Semana y el MADS que promueve el interés y seguimiento de la opinión pública nacional y local sobre la problemática de la deforestación y las acciones para controlarla y disminuirla.