El caso de las Asociaciones Público-Privadas (APP) en América Latina
En los últimos 30 años las Asociaciones Público Privadas (APP) han cobrado un
marcado protagonismo en el mundo como herramienta para el desarrollo de
proyectos de infraestructura pública. Las APP contemplan el involucramiento del
sector privado en el diseño, construcción, mantenimiento, gestión y
financiamiento de proyectos de distinta índole, con el objetivo de aprovechar, vía
una adecuada distribución de riesgos entre el Estado y el privado, las mejores
capacidades técnicas y de gestión de este último en la provisión de servicios. Un
beneficio adicional que se les suele atribuir es que no necesariamente
comprometen los recursos públicos en el corto plazo.
En el 2015, seis de los bancos multilaterales más importantes del mundo hicieron
público un documento en el que intentaron establecer los criterios básicos para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y la Agenda
al 2063 de la Unión Africana . Entre las estrategias planteadas se contempla el
mayor involucramiento del sector privado. Si bien reconocían que la mayor parte
de la inversión para el desarrollo proviene de fuentes de financiamiento público,
estimaban que es el sector privado el que ofrecería el mayor potencial de
crecimiento. Mientras este marco conceptual consolidaba el uso de APP,
Mckinsey estimaba que el 63% de la inversión en infraestructura al 2035 tendría
lugar en países emergentes, y que existiría una brecha anual de inversión de US$
5.5 trillones que necesita ser cubierta .
Sin embargo, la experiencia de implementación de APP provee de algunas
lecciones importantes que podemos resumir en: (i) Requieren de las mismas
condiciones de éxito que los proyectos realizados por obra pública (sólida
institucionalidad, bajos niveles de corrupción y profesionales del sector público
altamente capacitados); (ii) No han sido exitosas en los sectores salud , agua y
servicios penitenciarios ; (iii) Son más costosas que la obra pública ; y (iv) Son
poco transparentes .
En cuanto a la forma en que las APP viene siendo monitoreadas, en el último
Infrascopio (2017), informe elaborado por encargo del Banco Interamericano de
Desarrollo -que evalúa el entorno de promoción de APP en Latinoamérica- si bien
se incluye un componente de sostenibilidad, este se limita a identificar la
inclusión de Estudios de Impacto Ambiental en los proyectos y que las consultas
públicas sean difundidas. No hace mención a la incorporación efectiva de los
resultados de dichas consultas en el diseño de proyectos o a la aplicación de la
Consulta Previa. Tampoco evalúa si existen canales a través de los cuales la
sociedad civil tenga injerencia en el proceso de decisión de optar por un APP o la
modalidad de la misma.
En este contexto, la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación,
cuyos ejes de trabajo son la promoción de la transparencia, la participación
ciudadana –a nivel de gobiernos locales y nacionales-, así como en los diversos
procesos de integración regional y en organismos financieros multilaterales, en
pro de la consolidación de un desarrollo sostenible y una gobernanza regional;
viene generando propuestas para que el desarrollo de proyectos energéticos, de
infraestructura y extractivos, incorporen criterios de sostenibilidad social y
ambiental, así como los aportes provenientes de la poblaciones de las áreas de
influencia de proyectos,. En ese sentido, presenta este documento que continua
el trabajo de monitoreo y análisis que viene realizando a la aplicación de APP en
la región y plantea recomendaciones para que su uso esté en función a criterios
de desarrollo sostenible y no limitado a sopesar costos económicos y financieros.
