Inversiones con impacto socio-ambiental deben mejorar mecanismos de acceso a la información y respetar salvaguardas

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Sociedad civil de la región evidencia la necesidad de transparentar la información de inversiones suramericanas con capital del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES).

Lima, 12 de marzo de 2014.- En el sur de América Latina se están ejecutando una serie de proyectos de infraestructura, energía y minería, cuyo principal financista es el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) que apoya a por lo menos 10 proyectos con potenciales impactos socio-ambientales en las comunidades donde se desarrollan.

Ante ello, diversas organizaciones de la sociedad civil publicaron el estudio “Casos paradigmáticos de inversión del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) en Suramérica”, donde recomiendan la formulación, revisión y adecuada implementación de políticas socio-ambientales y de transparencia como requisito esencial para que el BNDES apruebe y aporte económicamente en los citados y futuros proyectos, con miras al desarrollo sostenible de la región.

En opinión de César Gamboa, director Ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), “el tema de las inversiones que realiza el BNDES no es un asunto que solo compete a los brasileros sino que dada la magnitud y envergadura de dichas inversiones en la región, es necesario que el Banco asuma su rol como actor regional con la implementación de políticas de salvaguardas y el fortalecimiento de la transparencia”. Asimismo, Gamboa destacó la creación del Foro de Participación Ciudadana al interior del Banco “es necesario que en los espacios de participación como el Foro de Participación Ciudadana al interior del BNDES, que ya es un gran avance, se incluya a organizaciones sociales y movimientos indígenas regionales para garantizar una verdadera participación y mostrar una coherente apertura al diálogo”.

Presencia del BNDES en Perú

En el caso de Perú, la publicación incluye al proyecto de generación eléctrica de gran envergadura Central Hidroeléctrica Chaglla, cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el BNDES.

Esta asociación lo hace un proyecto interesante para el análisis pues aunque la política socio-ambiental del BNDES no es clara ni al parecer lo suficientemente exigente y tampoco cuenta con políticas de transparencia y acceso a la información para sus inversiones fuera de territorio brasilero, al estilo de los grandes bancos con implicancia regional o global, “el BID sí cuenta con políticas medioambientales, salvaguardas sectoriales definidas y con políticas para inversión en energía eléctrica que buscan medidas para preservar la calidad del aire, agua y de tierras a ser afectas por el proyecto, analizando el posible impacto de las inversiones en el equilibrio ecológico de la zona”, señaló Pierina Egúsquiza, especialista de DAR.

La investigación destaca que a partir del desarrollo del Chaglla se pueden  contar con las lecciones aprendidas para que el BNDES “pueda introducir dentro de sus políticas mejores estándares ambientales y sociales como los del BID”. Además, la especialista precisa que “dado que Odebrecht es la empresa encargada de la construcción de la Central Hidroeléctrica Chaglla, el BNDES podría exigir el mismo tratamiento ambiental y social en las futuras inversiones que realice en otras centrales hidroeléctricas y proyectos de infraestructura”.

El libro también incluye el caso de la Central Hidroeléctrica de Inambari. Según Pierina Egúsquiza, si bien Inambari está actualmente “paralizado” y la participación del BNDES no es certera, todavía “se encuentra priorizado en diversos documentos del Estado y estudios de planificación energética (NUMES) como un proyecto que debería entrar en funcionamiento en el año 2040 por ser considerada con potencial de exportación al Brasil en el marco del Acuerdo Energético Perú-Brasil, aún en debate”.

El estudio de estos casos busca evitar “repetir las experiencias en la implementación de hidroeléctricas por parte de Brasil en la Amazonía (caso Paraguay y Central Hidroeléctrica de Belo Monte) que han generado una serie de reacciones y conflictos sociales y ambientales, así como conocer el verdadero rol que jugaría el BNDES como Banco Nacional de Brasil en el financiamiento de las empresas involucradas en el proyecto Inambari y otros proyectos de infraestructura”, indicó Egúsquiza.

Esta publicación es el resultado de un esfuerzo colectivo de la Asociación Ambiente y Sociedad – AAS (Colombia), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente – AIDA (Regional), Centro de Derechos Económicos y Sociales – CDES (Ecuador), Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA (Bolivia), Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia – CIDOB (Bolivia), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR (Perú), Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos – FOCO (Argentina), Fundación Ambiente y Recursos Naturales – FARN (Perú), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación – PODER (México), International Rivers – IR (Brasil) y el Instituto Socio Ambiental – ISA (Brasil).

 

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