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La historia oculta de los defensores ambientales en la selva de Perú

La historia oculta de los defensores ambientales en la selva de Perú

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Fuente: Semana Sostenible

En la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional del Tambopata, en Madre de Dios, existen hombres y mujeres que por doce años han resistido las amenazas de la minería y tala ilegal.

 Ana* estaba en la cocina, abstraída en el ir y venir de los carros que recorren la carretera Interoceánica hacia La Pampa, un territorio devastado por la minería ilegal en Madre de Dios, cuando una voz desconocida irrumpió de pronto en la tranquilidad de su casa. “Ana, buenos días. He venido a pedirte un favor”, le dijo una mujer. La encontró parada en la entrada de su casa sujetando un fajo de billetes de cien soles(US$30) en una mano, mientras se secaba con la otra el sudor provocado por el sol intenso de la selva. Ana no se atrevió a preguntarle su nombre.

“Ahorita mismo te doy 500 soles (US$150) y te puedo volver a dar luego”, insistió la mujer, pero Ana, que vive desde hace 12 años amenazada por los mineros ilegales, se armó de valor y dijo que no. “¿Y por qué no si te voy a pagar? Tú eres de los ‘soplones’, ¿no?”, le respondió molesta. ‘Soplón’, como se llama comúnmente a los delatores, es una palabra a la que le teme Ana desde que, hace dos años, unos sicarios llegaron a su casa buscando a su hijo para matarlo.

—No, mi esposo no está y no tomo esas decisiones sola.

—Está bien, Ana. Volveré pronto, entonces, le dijo la mujer en tono amenazante.

Esa noche, una vez más, ni Ana ni su familia pudieron dormir.

Tampoco lo hicieron cuando se enteraron de la reciente intervención en la zona de amortiguamiento de Tambopata. Los defensores ambientales, si bien aprueban esta nueva acción del Estado, saben también que esos operativos los vuelven vulnerables. “Como somos tan pocos los que nos oponemos a la minería ilegal y que aún vivimos en la zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata, estas circunstancias nos exponen, vienen a amenazarnos por haber llamado a la policía”, comenta Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la reserva.

 Víctor Zambrano, conservacionista de Madre de Dios galardonado con el Premio de la Sociedad Geográfica Nacional /Warren Buffett 2016 por el Liderazgo en la Conservación Latinoamericana. Foto: Dan Collyns.

Los cerca de 30 líderes ambientales que forman parte de este comité son acosados permanentemente por los ilegales. No tienen tregua. El último de ellos fue asesinado hace tres años y las amenazas continúan. Mongabay Latam viajó a Puerto Maldonado para escuchar estos testimonios que, en medio del revuelo por las nuevas interdicciones, se han silenciado. Estas son sus historias.

“¡Esconde a tu hijo, lo buscan para matarlo!”

Temor es la palabra que mejor conocen quienes se oponen a la minería ilegal en Madre de Dios. Temor a las amenazas de los ilegales tras el anuncio del operativo. Temor durante la intervención. Temor a lo que les pueda tocar vivir ahora.

Esteban* conoció el efecto de esas cinco letras una mañana de junio del 2018. Ese día un hombre a bordo de una motocicleta se estacionó frente a su terreno y se acercó a su esposa para preguntarle por él.

—¿Quién lo busca?— le dijo ella, con la puerta entreabierta.

—Quiero conversar con él.

—No está —respondió— y cerró.

Ese día Esteban sí estaba en la casa, no se sentía bien y aprovechó para descansar con sus hijas y nietos. Vio a su esposa entrar, temerosa, mientras le hacía una señal de silencio con el dedo. Se asomaron por la ventana y no era una sola motocicleta, eran seis.

—¿Ustedes quiénes se creen? No pueden denunciarnos y pensar que nada va a pasar ¡En dos días vas a desaparecer!, gritó el hombre de la primera moto.

Durante una semana, nadie salió de la casa. Ese fue el último evento que los convenció de abandonar su hogar por un buen tiempo.

Esteban es uno de los concesionarios forestales en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata que ha sufrido la invasión de los mineros y taladores ilegales. Foto: Vanessa Romo / Mongabay Latam.

Demetrio Pacheco entiende lo que le ha tocado vivir a Esteban. Él encontró una bala en el comedor de su casa. Ser vicepresidente del Comité de Gestión de Tambopata y presidente de la Asociación de Concesiones Forestales de Reforestación de Madre de Dios lo ha expuesto a muchos peligros, sobre todo a las amenazas de invasores y taladores ilegales, actividades que arrinconan a quienes creen en la conservación.

Las autoridades insisten en que denuncien lo que están viviendo, pero es más fácil decirlo que hacerlo.

“Las autoridades nos demandan que denunciemos, pero nos piden nombres, algo que no siempre sabemos”, explica. Pero cuando logran identificar a su agresor y hacen la denuncia, cuenta el dirigente, el victimario —muchas veces por actos de corrupción— termina enterándose de quién fue el ‘soplón’.

Sin embargo, a los defensores ambientales que poseen concesiones forestales no les queda otra salida más que hablar. “En el caso de los concesionarios forestales —que es la figura legal en gran parte de La Pampa— están obligados a denunciar, porque sino el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) los multa por permitir la actividad ilegal en sus concesiones”, agrega Luisa Ríos, coordinadora en Madre de Dios de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Esta organización, aliada del Comité de Gestión de la reserva,  sigue el tema y brinda apoyo desde el 2010 a los agricultores, concesionarios y reforestadores que sufren amenazas a través de su Consultorio Jurídico Gratuito.

El escenario descrito por Ríos ha obligado a muchos defensores ambientales a aceptar las multas antes que exponer sus vidas y las de sus familias.

Precisamente por miedo a denunciar, Ana fue multada en el 2014 y hasta ahora no puede pagar los 30 000 soles (US$9 mil) que adeuda. Osinfor la sancionó por haber permitido que la minería ilegal llegue a deforestar hasta 7 hectáreas de su concesión en el 2013. “Yo sola no iba a poder sacar a los mineros ilegales”, cuenta.

Mongabay Latam buscó a Osinfor para indagar sobre este caso y el mecanismo de fiscalización en la zona de La Pampa, pero al cierre de esta nota su oficina de prensa señaló que no podía responder este pedido.

La última vez que Ana pidió una intervención para sacar de su terreno a los ilegales, llegaron 40 agentes policiales y le pidieron que alguien de su familia los acompañe. Vistieron de policía a su hijo mayor, para que sirva de guía, y encontraron 14 motores operando. Cada uno de ellos fue destruido. A la salida y en un descuido, el hijo de Ana se sacó el casco policial y uno de los mineros lo identificó. Lo que vino después fue un infierno y empezó cuando una mañana la enfermera de la posta llegó corriendo a la casa de Ana.

“¡Esconde a tu hijo, lo están buscando para matarlo!”, le contó la enfermera a Ana, quien vio llegar a dos hombres armados a la posta preguntando por él.

Bajo la sombra de un árbol de guaba, Ana narra estoicamente todo lo vivido. “A veces no quiero recordar todo esto, pero debo contarlo”, dice y se quiebra al final de la frase. “Nunca hubiera querido saber qué siente una madre cuando buscan a su hijo para matarlo. A veces pienso ¿hasta dónde soportaré?”.

Su hijo tuvo que salir de Madre de Dios por unos años. Pero cuando volvió, ideó un plan para vengarse del minero que lo delató. Buscó a su primo y le pidió que se infiltre como minero ilegal en La Pampa para encontrar las pruebas que lo ayuden a denunciar al sujeto. A las pocas semanas de ingresar fue interrogado por los miembros de seguridad de los mineros, quienes por las dudas lo mataron. Un balazo certero. Hoy el hijo de Ana se dedica a cosechar legumbres y, sobre todo, a pasar desapercibido.

La familia de Ana muestra la foto del primo que fue asesinado por los mineros ilegales. Acababa de salir del servicio militar en el Ejército. Foto: Vanessa Romo / Mongabay Latam.

“El Estado no garantiza nuestra seguridad”

Los fiscales ambientales que trabajan en Madre de Dios también corren peligro.“Nosotros mismos somos amenazados, tanto que los once fiscales en materia ambiental hemos optado por no tener a nuestras familias en Puerto Maldonado”, sostiene Karina Garay, fiscal especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios.

 

Garay reconoce que la situación para los defensores ambientales es complicada. Por la falta de personal para investigar, se ven obligados a solicitarles toda la información posible a las víctimas y esto los expone.

La fiscal cree que una de las salidas, por ahora, es activar la Unidad Central de Asistencia de Víctimas y Testigos para los casos de amenazas a defensores ambientales. Solo así se les podrá dar las garantías para brindar información segura.

100%La incertidumbre es lo que más preocupa a los defensores ambientales de Madre de Dios. Luego de más de diez años de intervenciones fallida del Estado para recuperar la tranquilidad en la zona, aún no saben qué sucederá con sus territorios invadidos y con ellos mismos. Foto: Vanessa Romo / Mongabay Latam.

Demetrio Pacheco cree que sí existen formas de protección, pero que las autoridades no saben cómo aplicarlas. “Estamos contribuyendo con el Estado a la protección de los bosques, pero el Estado no garantiza nuestra seguridad”, añade.

Lo mismo piensa Víctor Zambrano. Si bien el presidente del Comité de Gestión de la reserva felicita la reciente intervención del Estado en La Pampa, que responde a un clamor que tenían por años, sostiene al igual que Demetrio que es necesario considerar la seguridad de los pobladores que viven en la zona de amortiguamiento de Tambopata.

Una entidad que recibe constantemente denuncias ambientales y por amenazas en Madre de Dios es la Defensoría del Pueblo. Guimo Loaiza, representante del defensor del Pueblo en esta región, señala que la principal demanda de los defensores ambientales es que se controlen las invasiones, la minería y tala ilegales, que se fiscalice a las personas que realizan cambio de uso del suelo, todo eso por encima de su propia protección.

“Desde hace seis años nos piden que exijamos al Ministerio Público y a la Policía que aceleren las diligencias. Lo que buscan es que se sancione al que comete el delito ambiental. Resolver las amenazas que reciben pasa a segundo plano. Ellos cuentan que cuando tramitan las garantías personales, estas no se concretan porque las personas que los amenazan no son fáciles de identificar o no tienen domicilio estable”, indica Loaiza.

Esta vez para la ‘Operación Mercurio 2019’, el Ministerio del Ambiente, quien lidera el Plan Integral frente a la Minería Ilegal en Madre de Dios, se reunió con diferentes organizaciones de la sociedad civil una semana antes de comenzar las interdicciones en La Pampa. El objetivo era garantizar que todos los defensores ambientales sean avisados de guardar perfil bajo en las próximas semanas.

Leonardo Caparrós, asesor del Minam y creador del mencionado plan, le dijo a Mongabay Latam que se ha activado una “red de alerta temprana” para que ante cualquier ataque que sufran los miembros del comité en estos días, estos avisen a los guardaparques, quienes enviarán la información a la policía. Sin embargo, el problema está en que los opositores a la minería ilegal son pocos y ya han sido identificados, por lo que su vida seguiría en riesgo si denuncian las amenazas antes las autoridades. “Nosotros nos reunimos periódicamente para monitorear a los que viven cerca de La Pampa, pero es por iniciativa del comité”, comenta Demetrio Pacheco.

Campamento de mineros en La Pampa, región de Madre de Dios. Foto: Agencia Andina.

“Todo el que se opone a la minería ilegal en Madre de Dios es amenazado tarde o temprano”, cuenta el funcionario de la defensoría. Ana lo sabe muy bien. Hoy su concesión forestal no solo ha sido suspendida, sino que no puede ir más allá de dos kilómetros sin encontrarse con la seguridad armada de los mineros. Ese es el peso que carga por oponerse a la minería.
“Lo mataron de tres balazos”

 Hay necesidades imprescindibles en las casas ubicadas a lo largo de la carretera Interoceánica. La televisión por satélite es una de ellas. Con motor, paneles solares o electricidad tradicional, las pantallas están prendidas sobre todo antes de dormir.

Es la hora de la cena en la casa de Aurelio*. La tele está prendida en el canal de siempre, ese en el que ven los programas de animales, una tradición familiar. Aurelio sorbe una cucharada de sopa, mientras observa atento un documental sobre tigres en una selva muy distante a la suya.  “Alguna vez fue así por aquí”, dice Aurelio y vuelve el silencio a la sala.

En los más de 30 años de deforestación por minería aurífera en toda la región han desaparecido más de 100 000 hectáreas de bosque. Según el presidente de la República, Martín Vizcarra, solo en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata son 11 000 las hectáreas destruidas, alrededor de 110 kilómetros cuadrados. Es fácil imaginar por qué los animales que veían en el bosque han huido masivamente.

Según el presidente de la República Martín Vizcarra, son 11 mil hectáreas las que se han deforestado en la zona de amortiguamiento del Tambopata. El bosque que aún lo rodea sigue resistiendo este desastre ambiental. Foto: Vanessa Romo / Mongabay Latam.

Ese cambio drástico en la selva llevó a Aurelio a tomar una decisión arriesgada: infiltrarse en el corazón de la ilegalidad para aportar información valiosa al Comité de Gestión de Tambopata.

Empezó por buscar pequeños trabajos que le permitieran averiguar la siguiente zona que tomarían los mineros ilegales. También se enteraba de quienes venían con los datos de las próximas interdicciones de la policía. Los mineros empezaban a confiar en él, a veces le pedían que les tome fotos con sus nuevas maquinarias. Mientras tanto, Aurelio tenía que disimular la ira de ser testigo de cómo iban destrozando a su paso más tierras, de cómo sin importarles las llenaban de mercurio, de ver los ríos cada vez más contaminados. Sin embargo, gracias a su trabajo, se pudo establecer que los ilegales operan como una organización criminal.

La seguridad armada de los mineros está muy bien planificada. Cada trabajador, ya sea dentro de las pozas mineras o incluso en los puestos de venta de gasolina y oro, paga una cuota para que gente armada con pistolas y escopetas lo resguarde. La violencia de la que escapó 19 años atrás, volvía al hogar de Aurelio, eso sentía cada vez que veía a tanta gente armada alrededor. Eligió a Madre de Dios como refugio, pero la región parecía castigarlo.

Muchos hombres y mujeres han resistido por años a las actividades ilegales. Algunos como Aurelio, han elegido arriesgar su vida para tratar de cambiar las cosas. Mujeres como Ana han tenido el coraje de decirle “no” a los mineros ilegales. Valientes como Alfredo Vracko Neuenschwander, quien asumió el cargo de presidente de la Federación de Concesionarios de Forestación y Reforestación de Madre de Dios, con todo el riesgo que ello implicaba, quiso hacerles la pelea, pero lo mataron. Lo mataron el 19 de noviembre del 2015.

Su asesino lo siguió hasta el segundo piso de su casa. Ese día iba a llegar un contingente policial y fiscal para desalojar a los mineros ilegales que habían invadido su predio, a la altura del kilómetro 98 de la Interoceánica. Estaba harto de las amenazas de muerte, ese día la iba a pelear. Lo mataron de tres disparos.

Freddy Vracko, su hijo, no ha parado de buscar justicia. “El caso aún sigue en la fiscalía de Mazuco, que no se dan abasto”, comenta a Mongabay Latam. Freddy cuenta que en el transcurso de estos tres años solo han habido obstáculos, como la negativa para trasladar el caso a una fiscalía más cercana a la familia o el que la policía no quiera ingresar a la zona de la investigación sin Freddy. “Ellos quieren que los acompañe cuando es inseguro”, señala. Incluso Edwin Méndez Quea, uno de los testigos que reveló el indicio más grande que tiene la fiscalía para llegar al asesino, falleció a fines del año pasado de cinco balazos. “Hay muchas pistas para terminar la investigación, pero no se avanza”, cuenta Freddy.

Freddy Vracko. Foto: Facebook .
Freddy Vracko. Foto: Facebook .

Ana María Vidal, secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, indica que toda política pública a favor de los defensores debe ser realizada y consensuada con ellos, ya que en cada zona y por cada delito que se enfrenta hay diferentes necesidades. “Tiene que trabajarse de manera urgente un canal de atención temprana para los defensores, porque las amenazas son diarias”, agrega Vidal. La abogada piensa que también deben acelerarse las procesos judiciales. “Muchas no pasan de investigación preliminar y quedan impunes”, concluye.

“Tenemos derecho a que nadie nos persiga”

El Poder Judicial y la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) han creado un Observatorio Ambiental para darle seguimiento a los procesos judiciales aún inconclusos relacionados a los asesinatos de defensores ambientales, como el de Freddy Vracko o Edwin Chota, indígena que murió en el 2014 a manos de taladores ilegales en Ucayali.

Francisco Rivasplata, abogado del programa Derecho y Amazonía en DAR, señala que al rastrear también dónde se encuentran los casos de mayor riesgo, el Observatorio Ambiental podrá identificar también dónde están los defensores ambientales más vulnerables. “Esta herramienta también permitirá que veamos dónde hay alta carga procesal y debe haber un juzgado especializado en materia ambiental”, explica. Por ahora solo existe un juzgado en Puerto Maldonado y otro en Pucallpa.

Desde el Ministerio de Justicia, Pedro Grandez, director general de Derechos Humanos, confirmó a Mongabay Latam que tienen programado publicar este mes el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en el Perú, el primer documento de su tipo en el país. “El ministro (de Justicia) Vicente Zeballos está convencido de la importancia de los defensores de derechos humanos, como los que cumplen una función social de alerta y activismo”, comenta Grandez.

Uno de los primeros compromisos del protocolo será la activación de un procedimiento de alerta temprana que estará a cargo de un equipo de coordinación de la Dirección General de Derechos Humanos. “Su función principal será la de articular el trabajo para la defensa oportuna de los defensores, porque los mecanismos de protección no son nuevos. Estamos trabajando con once sectores del Ejecutivo y 19 organizaciones de la sociedad civil”, agrega. Las acciones de defensa se evaluarán en cada caso y pueden incluir evacuación de la zona, protección policial personal y de inmuebles, y cualquiera otra que se necesite “para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los beneficiarios”, dice Grandez.

Aurelio camina sobre la carretera Interoceánica mientras investiga las formas en las que los insumos para la minería ilegal siguen ingresando a Madre de Dios. Foto: Vanessa Romo / Mongabay Latam.

Mientras el protocolo se activa, los defensores ambientales siguen buscando maneras de protegerse. Un día después de iniciada la ‘Operación Mercurio 2019’, se juntaron 12 miembros del grupo en Puerto Maldonado para contar lo que habían vivido en esos días. Los rostros en la habitación eran agridulces: aunque por fin se había escuchado su pedido de años para acabar con la minería ilegal, muchos de ellos se sienten vulnerables por lo que pueda pasar. Aurelio, quien suele guardar silencio, tomó la palabra.

—Esto es lo que nosotros hemos pedido, que el Estado actúe, y no podemos detenernos. Tenemos derecho a vivir tranquilos, a que nadie nos persiga. No lo hacemos solo por ecologistas, sino porque somos humanos. Tenemos que resistir.

La reunión continuó, pero con los ánimos fortalecidos. En esta lucha que emprendieron hace más de una década, aunque sea desigual y parezca eterna, no hay retrocesos.

* Por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y a pedido de ellos, Mongabay Latam ha decidido ocultar las identidades de algunos entrevistados. En esos casos se ha optado por solo usar nombres y no apellidos. Sin embargo, este medio cuenta con los nombres completos y las grabaciones de las entrevistas.

Imagen central: Vanessa Romo/Mongabay Latam.