Ha pasado desapercibido en el caso Lava Jato, la labor que cumplieron las empresas supervisoras de la Carretera Interoceánica Sur -IIRSA Sur tramos 2, 3 y 4-, y de la Interoceánica Norte – IIRSA Norte.
En una obra pública, de bajo presupuesto y de ingeniería simple, quién autoriza los aumentos de presupuesto (adicionales) es el ingeniero inspector de obra, que es contratado para fiscalizar los pedidos de las empresas. Es la manera de resguardar los intereses del estado.
En estas obras, los presupuestos son calculados al milímetro por el proyectista de la obra. El costo del proyecto se estima en un 5 % del valor de la obra.
Cuando se trata de obras con presupuestos elevados, la entidad ejecutora suele contratar una empresa supervisora que realiza las funciones de fiscalización de los pedidos de las empresas constructoras. El costo de la supervisión de una obra también fluctúa en alrededor del 5%.
Es por eso que las empresas supervisoras son las que dan su visto bueno a las adendas de los contratos de las empresas constructoras (que tradicionalmente incluyen aumento del presupuesto) y los certificados de avance de obra (valorizaciones) antes de que sean aprobadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).
En el caso de la construcción de las interoceánicas las supervisoras cobraron en paila, no se contentaron con el acostumbrado honorario del 5 % del valor del proyecto, y cobraron entre 6.1% y 6.5%, por tal razón, las supervisoras se beneficiaban cuando se incrementaban los costos de la Carretera Interoceánica. Es decir, en la IIRSA Sur las supervisoras cobraron cerca de US$ 150 millones y en la IIRSA Norte otros US$ 36 millones. Ellas aprobaron la mayoría de las 29 adendas a los contratos de concesión de IIRSA Norte e IIRSA Sur.
Cabe señalar que el presidente de Ositran que aprobaba luego las adendas y los certificados de avance de obra de IIRSA Sur e IIRSA Norte que presentaban las supervisoras, es nada menos que Juan Carlos Zevallos Ugarte, quién ha sido arrestado por haber recibido coimas de Odebrecht que suman US$ 780 mil.
¿QUIÉNES FUERON LAS SUPERVISORAS?
Cesel S.A. fue la supervisora de IIRSA Norte (Paita-Yurimaguas) y de IIRSA Sur tramo 3 (Inambari-Iñapari) a cargo de Obdebrecht y Graña y Montero la primera, y de un consorcio conformado por Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas e ICCGSA la segunda. El presidente de Cesel es el ingeniero Raúl Delgado Sayán, exjefe de gabinete del ex Primer Ministro Luis Alva Castro, quién también lo nombró presidente de la empresa estatal de seguros Popular y Porvenir en 1985. El vicepresidente es Juan Federico Fernández Santa-Gadea y el gerente general es Duilio Ayaipoma Nicolini.
Un consorcio conformado por Alpha Consult S.A., Lagesa Ingenieros Consultores S.A. y Servicio de Consultores Andinos S.A. – Serconsult, fue la supervisora del tramo 2 de IIRSA Sur, también construida por el consorcio conformado por Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas e ICCGSA. Alpha Consult tiene como gerente general al ingeniero Jorge Peñaranda Castañeda y como una persona vinculada, al abogado Patrick Allemant Florindez. Lagesa tenía como gerente general a al ingeniero José Tong Matos y Serconsult tiene como gerente general a Edgar Velasco Velásquez.
El Consorcio Supervisor Interoceánico Sur HOB Consultores S.A. – CPS de Ingeniería SAC fue la supervisora de IIRSA Sur tramo 4 (Inambari-Azángaro), que estuvo a cargo de Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Querao Galvao. HOB Consultores tiene como presidente al ingeniero Juan Gonzalez del Águila y como gerente general a William Javier Gonzalez del Águila. CPS de Ingeniería tiene como directores a María del Pilar Rodríguez Baigorria viuda de Jiménez, Enrique Eugenio Arias Montufar y Lindbergh Meza Cardenas y como gerente general a Carlos Fernando Pérez Arce.
Las irregularidades perpetradas por las empresas supervisoras para apañar los voraces aumentos de las empresas brasileñas, recién se empiezan a conocer.
Por ejemplo, el periodista Christian Hudtwalcker del programa de Canal N “A boca de jarro” queha hecho eco de la denuncia conocida como “El dedo de Dios”, donde la empresa nacional Voladura y Chancado de Rosas Chachani SRL, señala que en el Tramo 4, a cargo de HOB, el ingeniero Juan Gonzales del Águila certificó que un cerro que fue volado con dinamita para dar paso a la carretera (entre los kilómetros 199-200) en la provincia de Carabaya (Puno) medía 185 metros de altura, cuando en realidad se trataba de solo 131 metros. La diferencia es notable. Por lo menos, 500 mil metros cúbicos de piedras, que se tendrían que movilizar en 25 mil viajes de volquetes.