LOS IMPACTOS DEL PRIMER PROYECTO DEL NDB EN BRASIL

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El caso Araripe, en Brasil, demuestra que el Banco de los BRICS sigue el camino de las “viejas instituciones” financieras: financia proyectos que no respectan las poblaciones locales y los derechos humanos.

 

Autores: Julia Mello Neiva, Alexandre Andrade Sampaio y Fernanda Drummond Pinheiro

 

Desde su creación, el NDB (Nuevo Banco de Desarrollo), el banco de los Brics  – bloque de países formado por Brasil, Rusia, China y Sudáfrica – trató de diferenciarse de las “viejas instituciones” financieras, aportando recursos a proyectos de infraestructura alineados a una agenda de sostenibilidad.

Siguiendo las directrices establecidas en su Acuerdo Constitutivo, el NDB trató de contar con la experiencia de los gobiernos y sus bancos de desarrollo para apoyar proyectos supuestamente con bajo riesgo de impactos sociales y ambientales. En el caso de Brasil, el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo) cumplió con ese papel de intermediario, tomando los recursos del NDB y los prestando a las empresas brasileñas.

En 2016, el NDB estructuró su primera cartera de préstamos, con la aprobación de siete proyectos con un valor total de 1.700 millones de dólares, 300 millones de ellos destinados al financiamiento de proyectos de energía renovable en Brasil.

Uno de los proyectos financiados fue el Complejo Eólico Araripe III. Según informaciones del propio BNDES, la empresa Casa dos Ventos Energias Renováveis S.A. recibió 67,3 millones de dólares para la construcción de ese que es uno de los mayores complejos de ese tipo ya instalados en toda América Latina.

Inaugurado en 2017, el Complejo Ventos do Araripe III está ubicado en la Chapada do Araripe, una meseta situada en la triple frontera de los estados de Ceará, Piauí y Pernambuco. Ese enorme accidente geográfico, de cerca de 180 km de largo y poseedor de un multibioma compuesto de rasgos de bosque atlántico, caatinga y, sobre todo, cerrado, fue históricamente habitado por pueblos indígenas y comunidades tradicionales, para quienes la Chapada de Araripe era uno solo territorio.

A medidos del siglo XX, las personas que habitaban la región alrededor de Chapada do Araripe, y que reconocían esa como uno solo territorio, la denominaron “Estado de Cariri” y se bautizaron a sí mismas como “Pueblos de Cariri”.  El término “Cariri” tiene origen indígena. En tupí, la principal familia lingüística de las tribus do esa región, “Kiri´ri” significa “silencioso”.

Actualmente, parte de lo que queda de la herencia cultural de los Cariri está presente en los indios Cariri, que viven en la comunidad Serra Grande, localizada en Queimada Nova, municipio de Piauí a aproximadamente 550 km de la capital Teresina. Los Cariri de Serra Grande son el primer pueblo indígena que tuvo su territorio demarcado oficialmente en el estado de Piauí, en agosto de 2020.

Otra parte de la preservación cultural de los pueblos de Chapada do Araripe sigue viva en comunidades quilombolas, así llamandas las comunidades afrodescendientes, que surgieron como refugios y resistencia, desde el período de la esclavitud en Brasil, entre los siglos 16 y 19, y que, hasta la actualidad, mantienen una identidad colectiva propia, siendo objeto de una protección especial por parte del Estado brasileño. Es el caso del Quilombo Serra dos Rafaéis, una comunidad de cerca de 60 familias, localizada en la parte más alta de Chapada do Araripe y que pertenece al municipio de Simões, en Piauí.

En los últimos diez años, buena parte de ese plató, que alberga a lo largo de su territorio un bosque nacional, un área de protección ambiental y un geoparque, tuvo su paisaje drásticamente modificado por la instalación del mayor complejo de parques eólicos de Brasil.

Desde su implantación, el emprendimiento es visto como sinónimo de progreso y garantía de futuro para las poblaciones locales. De acuerdo con información de la propia empresa y del poder público, durante la instalación de los aerogeneradores, se crearon cerca de 1.500 empleos directos, además de un franco calentamiento de la economía local.

Los más de 156 aerogeneradores, con potencia de 359 MW, capaces de producir energía suficiente para abastecer a 400 mil casas, fueron instalados en propiedades arrendadas de 71 familias de Araripina (estado de Pernambuco) y Simões (estado de Piauí), abarcando un área de 10.200 hectáreas.

Para la empresa Casa dos Ventos, se trata de un modelo que permitió que los habitantes del lugar se volvieran aliados del proyecto y, en total, son más de 5 millones de reales pagados anualmente a las familias que tuvieron sus propiedades arrendadas.

Pero, en noviembre de 2020, en un comunicado publicado por la empresa Votorantin, que tiene una joint venture – alianza comercial – que incluye el Complejo Eólico Ventos do Araripe III y el Parque Vento do Piauí I, se anunció que el ingreso neto provisto por esos emprendimientos aumentó un 6% en el tercer trimestre de 2020 respecto al mismo período de 2019, llegando a 558 millones de reales.

Carentes de acceso confiable a las escuelas o unidades de atención a la salud, las comunidades de Serra dos Rafaéis y Serra da Mata Grande son ejemplos de poblados relegados a su propia suerte y que necesitan, por sí solos, negociar su futuro con empresas millonarias que ven en la fuerza de los vientos una oportunidad de fortuna.

Recelosas respecto a las visitas frecuentes de las empresas de generación eólica, que codician los terrenos porque ven en sus tierras el llamado “potencial eólico”, las lideresas de la comunidad, en su mayoría mujeres, crearon la Asociación de Remanentes de Quilombolas de la Comunidad de Serra dos Rafaéis y utilizan la iglesia del poblado para dialogar y deliberar sobre posibles acciones con todos los habitantes.

En esos espacios de diálogo, se discute qué hacer en cuanto a los impactos sufridos por la instalación de las torres en terrenos vecinos. Literalmente rodeados de aerogeneradores, las personas que viven en el poblado padecen las mismas consecuencias que aquellos que autorizaron el arrendamiento de sus terrenos. Sin embargo, como no llegaron a un acuerdo con la empresa, ante el temor a los impactos del proyecto, no disfrutan  de los supuestos beneficios del negocio ni de cualquier tipo de asistencia por parte de las empresas.

Entre las principales quejas está el ruido de las hélices, que aumenta drásticamente según la fuerza de los vientos, llegando a causar dificultades para que las personas duerman. El aumento de incidencia de rayos, así como la muerte de animales, sobre todo voladores, también se apuntan como hechos nuevos que empezaron a ocurrir tras la instalación de los parques eólicos en la región.

Pero además de alterar estas condiciones socioambientales, el emprendimiento genera otros trastornos que llegan a amenazar la división de la comunidad. En enero de 2020, sin embargo, un equipo compuesto por investigadoras y investigadores de Conectas y de International Accountability Project (IAP) visitó la región y, entrevistó a decenas de familias en distintas comunidades de los alrededores de Ventos do Araripe III y constató que mientras que el Quilombo de Serra dos Rafaéis demuestra capacidad para unirse y reivindicar sus derechos, no muy lejos de allí, la comunidad Serra da Mata Grande, en el mismo municipio, pasa por una situación opuesta.

Al igual que sus vecinos, el poblado también está en la mira de las empresas de generación eólica, en el proceso de expansión del Parque Eólico Araripe III. No obstante, sin la articulación necesaria para reunirse y discutir soluciones viables para toda la comunidad, los habitantes empezaron a recibir visitas frecuentes de representantes comerciales de las empresas.

Las conversaciones realizadas en el ámbito individual y con cada familia empezaron a generar un clima de desconfianza mutua entre los habitantes. Surgieron rumores de que un vecino u otro pudiera ya estar negociando el arrendamiento o de que el valor del arrendamiento de un terreno será superior al de los demás.

La estrategia de abordaje adoptada por las empresas inició un proceso de erosión de los lazos sociales y tradicionales de la comunidad, cuyos habitantes pasaron a acercarse a las negociaciones siguiendo la lógica impuesta por quienes los abordan, dejando de lado cualquier preocupación con sus modos de vida y visión de mundo.

La dinámica de negociación individual, sin respetar los tiempos y procesos de consulta determinados por la propia comunidad, representa una afronta al Convenio 169 de la OIT, que fue internalizado por el Estado brasileño con la intención de evitar el continuo deterioro de las culturas y modos de vida de las comunidades que componen el mosaico nacional.

Hace pocos años, la comunidad ingresó un pedido, ante la Fundación Palmares – responsable, en Brasil, por el reconocimiento formal de una comunidad como quilombola  –, para su reconocimiento como Comunidad Remanente de Quilombo, teniendo como base sus troncos familiares y sus manifestaciones culturales y festejos tradicionales.

El debido reconocimiento de esas comunidades como tradicionales no solo es un factor de justicia histórica, sino que es además un mecanismo para el reconocimiento y cumplimiento de sus derechos. Fue a través de la articulación entre sus pares quilombolas que esas comunidades lograron obtener la vacunación contra el COVID-19 como prioridad, lo cual demuestra la importancia de no permitir que dinámicas externas destruyan esos procesos. Sin embargo, a partir del momento que vinieron representantes de las empresas a sugerir que el reconocimiento de la comunidad como quilombola podría estorbar el arrendamiento de los terrenos, los propios habitantes empezaron a evitar la continuidad del proceso y a suspender el envío de la documentación necesaria para la emisión del certificado.

Hay algunos habitantes de la comunidad que veen en la posibilidad de arrendar sus tierras una forma de obtener un ingreso que contribuya para su supervivencia, pero no es consenso. Al mismo tiempo, reconocen que no saben cuáles serán sus derechos tras la firma del contrato con la empresa.

Es muy evidente para quienes actúan con los pueblos históricamente explotados del país, que sus vidas, su economía, cultura, ocio, todo su mundo está vinculado a su territorio y a las maneras cómo se relacionan con él. Cuando un pueblo se preocupa con la posibilidad misma de permanecer en su territorio, la verdad es que se está preocupando por su propia existencia como pueblo, lo cual es un impacto gigante.

En tiempos de suma preocupación por el medio ambiente y las comunidades que históricamente lo defienden, el banco de los Brics nace viejo e inadecuado.

Algunos datos, fruto de una investigación comunitária hecha con el apoyo de IAP y CONECTAS, simbolizan claramente que “viejas prácticas son replicadas por el ropaje del NDB”: los impactados por el proyecto no saben sobre el origen de la financiación y creen que el medio ambiente podrá ser destruido y la gran mayoría da por descontado que el proyecto beneficia a las personas con mayor poder político en la región. Además, ningún miembro de la comunidad fue consultado para hablar de sus prioridades para su propio territorio. Las personas tampoco sabían cómo encontrar información sobre el proyecto o cómo hacer una queja si surgiera motivo.

La falta de participación de las comunidades en el proceso decisorio que debería establecer prioridades para su propio futuro es lo único que se espera de una institución que afirma buscar el real desarrollo, si se considera la declaración de la ONU sobre el derecho al desarrollo.

En una investigación reciente, el Sistema de Alerta Previo del International Accountability Project ha confirmado deficiencias estructurales en la práctica del NDB. El banco no cumple lo mínimo de las buenas prácticas y estándares internacionales que apuntan a asegurar el debido acceso a la información y posibilidad de participación respecto a proyectos, que son ajenos a prioridades realmente comunitarias, dejando que desear incluso cuando se lo compara a prácticas de las antiguas instituciones pautadas por el Norte global.

Por su parte, el BNDES es ampliamente criticado y denunciado internacionalmente por su falta efectiva de responsabilidad socioambiental y también de transparencia. Desde 2020, el banco mantiene una Política de Responsabilidad Social y Ambiental que busca promover el desarrollo sostenible, de forma proactiva y en todos los emprendimientos que apoya. En teoría, esta política es actualizada cada cinco años por medio de consulta pública. Pero, en la práctica, las consultas públicas han sido protocolares y generalistas, sin responder a las críticas recurrentes de comunidades impactadas por proyectos financiados por el banco.

Gracias a la presión de la sociedad civil, hubo mejoras significativas en las políticas de transparencia del BNDES en los últimos años, pero la institución sigue siendo reacia al diálogo, especialmente en lo que respecta a derechos humanos y medio ambiente.

No es casual, por lo tanto, que el NBD haya concedido ya el sello “sostenible” a varios proyectos ambientalmente cuestionables, sin explicar los criterios adoptados. Uno de ellos es la carretera Transamazónica, que recibe fuerte apoyo del agronegocio y es señalada por muchos ambientalistas como responsable de ampliar la deforestación y la degradación en el mayor bosque tropical del mundo.

Lo que se percibe es que, sin directrices claras para la evaluación de riesgos de impactos socioambientales y sin contar con mecanismos de participación social, ya sea a nivel internacional, nacional o local, el nuevo banco, supuestamente moderno y arrojado, está sujeto precisamente a las viejas prácticas de las antiguas instituciones financieras, poco transparentes, que siempre había criticado.

No basta un compromiso de los bancos en solo apoyar proyectos supuestamente con bajo riesgo de impactos sociales y ambientales. El caso de Araripe demuestra que incluso proyectos de energía limpia pueden tener efectos gravísimos en la vida de las comunidades de la región cuando se desarrollan sin participación social y sin preocupación con los efectos que pueden causar en la vida de las personas.

Es evidente que la producción de energía limpia debe ser fomentada, que Brasil necesita descarbonizar su matriz energética, pero no en detrimento de las poblaciones locales. La energía eólica es una de las alternativas disponibles para el necesario y urgente cambio de la matriz energética fósil hacia una renovable.

No obstante, para que la energía sea verdaderamente ‘limpia y barata’, hay que respetar a las comunidades locales. Los emprendimientos dichos sostenibles no pueden cometer las mismas violaciones de derechos humanos que ocurrieron en la construcción de otros grandes proyectos, a ejemplo de la usina hidroeléctrica de Belo Monte (estado de Pará).

Si el NDB realmente desea diferenciarse de las “viejas instituciones” financieras y tener un compromiso serio con la agenda socioambiental, necesita revisar sus estrategias y comprometerse con una política de transparencia y socioambiental que garantize la consulta y efectiva participación pública y la efectiva protección de los derechos humanos y ambientales.