Madre de Dios: los defensores ambientales que resisten en la selva de Perú

Los defensores ambientales de Madre de Dios se sintieron, en ese momento, acorralados. Por un lado, estaban de acuerdo con las acciones tomadas por el Estado —llevaban años pidiendo una intervención—, pero, por otro, eran conscientes de su vulnerabilidad y nadie llegó para asegurar su protección.

“Como somos tan pocos los que nos oponemos a la minería ilegal y que aún vivimos en la zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata, estas circunstancias nos exponen, vienen a amenazarnos por haber llamado a la policía”, comenta Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata.

Los cerca de 30 líderes ambientales que forman parte de este comité son acosados permanentemente por los ilegales. No tienen tregua. El último de ellos fue asesinado hace tres años y las amenazas continúan.

Estos son algunos de los testimonios que narran una realidad que sigue vigente.

1. Ana se negó a ocultar maquinarias

Ana* recuerda que estaba en la cocina, cuando una voz desconocida irrumpió de en la tranquilidad de su casa. “Ana, buenos días. He venido a pedirte un favor”, le dijo una mujer. Estaba parada en la puerta de su casa y dejaba a la vista un billete de cien soles (US$30).

“He venido a buscarte para que me guardes unas máquinas”, le dijo la desconocida a Ana, con la actitud de quien no viene a pedir un favor.

Ana solo podía pensar en que no había pasado mucho tiempo desde que dos sicarios llegaron a su casa buscando a su hijo para matarlo. “Ahorita mismo te doy 500 soles (US$150) y te puedo volver a dar luego”, insistió la mujer. Pero Ana, que vive desde hace 12 años amenazada por los mineros ilegales, se armó de valor y le dijo que no. “¿Y por qué no si te voy a pagar? Tú eres de los ‘soplones’, ¿no?”, le respondió molesta.

—No, mi esposo no está y no tomo esas decisiones sola.

—Está bien, Ana. Volveré pronto, le dijo la mujer en tono amenazante.

Esa noche, una vez más, ni Ana ni su familia pudieron dormir.

2.Esteban eligió huir antes que morir

Temor es la palabra que mejor conocen quienes se oponen a la minería ilegal en Madre de Dios y Esteban* conoció el efecto de esas cinco letras una mañana de junio del 2018.

Ese día un hombre a bordo de una motocicleta se estacionó frente a su terreno y le preguntó a su esposa —sin ningún reparo— por él.

—¿Quién lo busca?— le dijo ella, con la puerta entreabierta.

—Quiero conversar con él.

—No está —respondió, y cerró.

Esteban es uno de los concesionarios forestales en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata que ha sufrido la invasión de los mineros y taladores ilegales. Foto: Vanessa Romo / Mongabay Latam.

Pero Esteban sí estaba en casa. Como por la mañana no se había sentido bien, prefirió no ir a trabajar y  quedarse a descansar con sus hijas y nietos.

Cuando de pronto vio entrar a su esposa, temerosa, sin color en el rostro, se sobresaltó, pero ella de inmediato reaccionó haciéndole una señal de silencio con el dedo. Le contó que había un hombre sospechoso preguntando por él en la puerta, cuando Esteban se asomó no había una motocicleta, sino seis.

—¿Ustedes quiénes se creen? No pueden denunciarnos y pensar que nada va a pasar ¡En dos días vas a desaparecer!— gritó el hombre de la primera moto.

Durante una semana, nadie salió de la casa. Ese fue el último evento que los convenció de abandonar su hogar por un buen tiempo.

3. Demetrio encontró una bala en la mesa de su casa

Demetrio Pacheco entiende lo que le ha tocado vivir a Esteban. Él encontró una bala en el comedor de su casa. Ser vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata y presidente de la Asociación de Concesiones Forestales de Reforestación de Madre de Dios lo han expuesto a muchos peligros, sobre todo a las amenazas de invasores y taladores ilegales, actividades que arrinconan a quienes creen en la conservación.

Las autoridades insisten en que denuncien lo que están viviendo, pero es más fácil decirlo que hacerlo.

“Las autoridades nos demandan que denunciemos, pero nos piden nombres, algo que no siempre sabemos”, explica. Pero cuando logran identificar a su agresor y hacen la denuncia, cuenta el dirigente, el victimario —muchas veces ayudado por malos funcionarios— termina enterándose de quién fue el ‘soplón’.

Pero el problema se agrava para quienes tienen concesiones forestales en Madre de Dios: no solo están expuestos a peligros, sino también a multas. Como explica Luisa Ríos, coordinadora en Madre de Dios de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), los concesionarios están obligados por ley a denunciar las invasiones dentro de su territorio y si no lo hacen, pueden ser sancionados.

Lo que parecen olvidar las autoridades es que quien denuncia se convierte en ‘soplón’ y a los ‘soplones’ los matan. “En el caso de los concesionarios forestales —que es la figura legal en gran parte de La Pampa— están obligados a denunciar, porque sino el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) los multa por permitir la actividad ilegal”, explica Ríos.

Esto es lo que ha obligado a que muchos defensores prefieran callar y pagar las multas, antes que arriesgar sus vidas. Precisamente por miedo a denunciar, Ana fue multada en el 2014 y hasta ahora no puede pagar los 30 000 soles (US$9 mil) que adeuda.

4. Al hijo de Ana quisieron matarlo

Ana intentó una vez sacar a un grupo de ilegales de su territorio. Pidió ayuda y 40 agentes policiales llegaron a su concesión. La única exigencia era que alguien de la familia los guíe durante la intervención.

Su hijo mayor se ofreció. Lo vistieron de policía, para no llamar la atención, y lograron encontrar 14 motores operando. Cada uno de ellos fue destruido. A la salida y en un descuido, el hijo de Ana se sacó el casco policial y uno de los mineros ilegales lo identificó. Lo que vino después fue un infierno y empezó cuando una mañana la enfermera de la posta llegó corriendo a la casa de Ana.

“¡Esconde a tu hijo, lo están buscando para matarlo!”, le contó la enfermera a Ana, quien vio llegar a dos hombres armados a la posta preguntando por él.

“A veces no quiero recordar todo esto, pero debo contarlo”, dice y se quiebra al final de la frase. “Nunca hubiera querido saber qué siente una madre cuando buscan a su hijo para matarlo. A veces pienso ¿hasta dónde soportaré?”.

El hijo de Ana tuvo que dejar Madre de Dios por un tiempo. Pero cuando volvió, urdió un plan con su primo para vengarse de quien lo delató. La idea era que el primo se infiltre como minero ilegal en La Pampa para encontrar las pruebas que lo ayuden a denunciar al sujeto. Sin embargo, a las pocas semanas de ingresar fue interrogado por los miembros de seguridad de los mineros, quienes por las dudas lo mataron. Un balazo certero. Hoy el hijo de Ana se dedica a la agricultura y, sobre todo, a pasar desapercibido.

4. Freddy: el hijo que clama justicia

Alfredo Vracko Neuenschwander, que presidía la Federación de Concesionarios de Forestación y Reforestación de Madre de Dios, trató de enfrentar a los mineros ilegales, pero lo mataron. Fue asesinado el 19 de noviembre del 2015.

Ese día iba a llegar un contingente policial y fiscal para desalojar a los mineros ilegales que habían invadido su predio, a la altura del kilómetro 98 de la Interoceánica. Estaba harto de las amenazas de muerte, ese día la iba a pelear, ese día lo mataron de tres disparos.

Freddy Vracko, su hijo, no ha parado de buscar justicia. “El caso aún sigue en la fiscalía de Mazuco, que no se dan abasto”, comenta con impotencia.

Freddy cuenta que han sido tres años llenos de obstáculos, como la negativa para trasladar el caso a una fiscalía más cercana a la familia o como la exigencia de la policía que le piden que ingrese con ellos a la zona de la investigación.

“Ellos quieren que los acompañe cuando es inseguro”, señala. Incluso Edwin Méndez Quea, uno de los testigos que reveló el indicio más grande que tiene la fiscalía para llegar al asesino, falleció a fines del año pasado de cinco balazos. “Hay muchas pistas para terminar la investigación, pero no se avanza”, confiesa Freddy.

5. Solo piden que el Estado los proteja

Karina Garay, fiscal especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, reconoce que la situación para los defensores ambientales es complicada. Por la falta de personal para investigar, se ven obligados a solicitarles a las víctimas toda la información posible y esto los expone.

La fiscal cree que una de las salidas, por ahora, es activar la Unidad Central de Asistencia de Víctimas y Testigos para los casos de amenazas a defensores ambientales. Solo así se les podrá dar las garantías para brindar información segura.

Demetrio Pacheco cree que sí existen formas de protección, pero que las autoridades no saben cómo aplicarlas. “Estamos contribuyendo con el Estado a la protección de los bosques, pero el Estado no garantiza nuestra seguridad”, añade.

Guimo Loaiza, representante de la Defensoría del Pueblo en Madre de Dios, sostiene que la principal demanda de los defensores ambientales es que se controlen las invasiones, la minería y tala ilegales, que se fiscalice a las personas que realizan cambio de uso del suelo, todo eso por encima de su propia protección.

La incertidumbre es lo que más preocupa a los defensores ambientales de Madre de Dios. Luego de más de diez años de intervenciones fallida del Estado para recuperar la tranquilidad en la zona, aún no saben qué sucederá con sus territorios invadidos y con ellos mismos. Foto: Vanessa Romo / Mongabay Latam.

Mongabay Latam habló con Leonardo Caparrós, asesor del Ministerio del Ambiente, institución que lidera el Plan Integral frente a la Minería Ilegal en Madre de Dios, para preguntarle sobre la seguridad de los defensores ambientales en el contexto de la ‘Operación Mercurio 2019’. Respondió que se ha activado una “red de alerta temprana” para que ante cualquier ataque que sufran los miembros del comité en estos días, estos avisen a los guardaparques, quienes enviarán la información a la policía.

El problema está en que los opositores a la minería ilegal ya han sido identificados, por lo que su vida seguiría en riesgo si denuncian las amenazas antes las autoridades.

A fines de abril, sin embargo, El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) aprobó el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, un instrumento que establece acciones a nivel nacional para generar un ambiente seguro para los defensores de derechos humanos —entre los que se incluyen los defensores ambientales.

Las acciones de defensa se evaluarán en cada caso y pueden incluir evacuación de la zona, protección policial personal y de inmuebles, y cualquiera otra que se necesite “para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los beneficiarios”, explicó semanas antes de la aprobación del protocolo Pedro Grandez, director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en una entrevista con Mongabay Latam.

El protocolo tiene como base legal la Declaración de los defensores de derechos humanos, aprobada en 1998 por Asamblea General de Naciones Unidas.

Lee aquí el artículo completo publicado por Mongabay Latam.