Manual de delitos ambientales, una herramienta para operadores de justicia ambiental

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Históricamente considerado marginal y de importancia secundaria, el crimen ambiental se ha convertido en un fenómeno global que ya no puede ser ignorado. Este creciente conjunto de actividades nefastas incluye la caza furtiva, la pesca ilegal, el comercio ilícito de madera, la minería ilegal, el tráfico de desechos peligrosos y químicos tóxicos, y más. En total, este sector criminal está acumulando (o, mejor dicho, robando) entre 70 y 213 mil millones de dólares al año alrededor del mundo.

Al mismo tiempo que destruye comunidades y ecosistemas, los delitos ambientales golpean el estado de derecho. En demasiados casos, las autoridades gubernamentales de todo el mundo han sucumbido a la tentación de mirar hacia otro lado a cambio de beneficios ilícitos, o, lo que es quizás más preocupante, han descuidado su deber de hacer cumplir la ley por temor a represalias. El Perú conoce muy bien los horrores de los delitos ambientales. Madre de Dios es tierra cero para la minería ilegal. La magnitud de la destrucción es tan terrible que solo las imágenes aéreas pueden comenzar a hacerle justicia. Mientras tanto, la tala ilegal en Perú se ha convertido en una empresa criminal transnacional que hace noticias en los principales periódicos del mundo. Un informe reciente del Environmental Investigation Agency reveló que, en 2015, grandes cantidades
de madera ilegal salieron del Perú desde los puertos de Callao e Iquitos.

Desafortunadamente, parece que la saga del barco Yacu Kallpa, uno de los mayores escándalos de la madera ilegal en toda la historia, es emblemático de un problema sistémico que va mucho mas allá de un solo caso.
El problema es tan extremo que, dos años después, en 2017, el gobierno de los Estados
Unidos dio un paso sin precedentes, bloqueando preventivamente las importaciones de madera de una importante empresa peruana. Lamentablemente, el crimen ambiental en el Perú no se limita a la selva. El territorio marino del Perú alberga uno de los entornos oceánicos más ricos del planeta. Esta biodiversidad atrae a pescadores sin escrúpulos, tanto extranjeros como nacionales, que están más que felices de pescar ilegalmente los tiburones, la pota y otras innumerables especies que hay en Perú. Según un informe reciente de Oceana y Global Fishing Watch, la frontera entre el límite marítimo de Perú
y las aguas internacionales es uno de los principales puntos rojos del planeta para el transbordo, o la transferencia de peces de un barco a otro.
El transbordo está altamente relacionado con la pesca ilegal, ya que los pescadores ilegales utilizan el transbordo para evitar el escrutinio de los puertos y para lavar sus capturas con otros cargos de pescado destinados a mercados distantes.
Desde el trabajo realizado por DAR, hemos sido testigos de cómo la promoción de infraestructura con una visión sesgada de desarrollo (construcción de carreteras y proyectos extractivos) puede facilitar actividades como minería ilegal, tala ilegal, prostitución y trata de personas con impactos nocivos sobre la Amazonía y los pueblos que habitan en ella. Lo que a su vez trae consigo la persecución de los defensores de la tierra, el territorio y el ambiente, siendo urgente fortalecer aún más la justicia ambiental del país.

Por parte de SSL, nuestro trabajo nos ha demostrado que el Perú enfrenta muchos de los
problemas que enfrentan otras naciones ricas en vida silvestre marina, pero con algunos factores adicionales que complican el escenario. Las ricas poblaciones de peces del Perú y la ausencia de una regulación estatal sólida (a veces) se combinan para convertirlo en un lugar atractivo para la pesca ilegal. Si bien vemos muchas razones para tener esperanza, desde un mejor monitoreo hasta una reforma legal positiva, no hay duda de que el camino hacia la victoria sobre los delitos ambientales es largo y complicado.
La buena noticia es que el Perú tiene muchas herramientas legales a su disposición para
enfrentar estos desafíos. Sin embargo, para implementar estas herramientas de manera efectiva, es fundamental que los jueces y los fiscales sean iguales a la tarea. Este manual tiene como objetivo apoyar este proceso de empoderamiento.
Como lo demuestra este manual, los delitos ambientales requieren una respuesta sofisticada basada en un profundo conocimiento no solo de la ley, sino también de cómo esa ley interactúa con el modus operandi de los delincuentes ambientales. Si bien la necesidad de que los fiscales entiendan esto puede ser evidente, es igualmente importante que el Poder Judicial entienda el tema. Aunque es verdad que la sociedad ha recorrido un largo camino hacia el reconocimiento de los delitos ambientales como un asunto serio que merece todo el peso del sistema de justicia penal, son, en muchos aspectos, los tribunales los que deben liderar este proceso de transformación. Como los árbitros finales de lo que requiere la ley, los tribunales están en una posición única para realizar la visión de la justicia ambiental que, en general, ya está reflejada en las leyes del Perú.

El flagelo de los delitos ambientales no tiene ninguna posibilidad de éxito contra una cohorte dedicada e informada de fiscales y jueces. Los alentamos a que usen este manual en la lucha de hoy, de mañana y de los tiempos por venir. Ustedes tienen el poder de proteger el patrimonio natural del Perú, que, al final, es su corazón y su alma. Si bien esta es una gran responsabilidad, no tenemos dudas de que ustedes son capaces de hacerlo.
Desde el trabajo realizado por DAR, hemos sido testigos de cómo la promoción de infraestructura con una visión sesgada de desarrollo (construcción de carreteras y proyectos extractivos) puede facilitar actividades como minería ilegal, tala ilegal y trata de personas con impactos nocivos sobre la Amazonía y los pueblos que habitan en ella. Lo que a su vez trae consigo la persecución de los defensores del ambiente, siendo urgente fortalecer aún más la justicia ambiental del país”.
Entregamos este manual con el más profundo agradecimiento por su trabajo y compromiso.

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