En los últimos años, se han producido cambios en la región que implican un nuevo repensar de procesos de incidencia de la sociedad civil. La caída de los precios de los commodities, el “fin” del conocido súper ciclo de las extractivas, el cambio de gobiernos “progresistas”, la nueva política exterior de estos países, pero sobre todo la acentuación de las contradicciones entre el modelo de extracción de los recursos naturales y el modelo de gobernanza de los mismos (casos de corrupción de Lava Jato); el ejercicio de derechos (ejercicio de la consulta previa de los pueblos indígenas); y el impacto ambiental y social (casos de contaminación e impactos de obras de infraestructura y extractivas) ha sido un costo demasiado alto para que el modelo siguiera desarrollándose en nuestros países, apareciendo cada vez más conflictos socioambientales y amenazas a defensores de derechos, y que han demorado la ejecución de muchos proyectos extractivos, o los han puesto en cuestionamiento.
Y en los últimos años, la respuesta a esta crisis regional, ha sido la imposición de un nuevo marco global, regional, nacional de reglas de juego de las inversiones, asegurando los derechos a través de un marco de asociación público privadas, relajamiento de las obligaciones ambientales y sociales y otorgar el acceso a la tierra para dichas inversiones. En ese sentido, muchas organizaciones de sociedad civil deben emplear y desarrollar nuevas capacidades que les permitan seguir incidiendo a nivel local, a nivel de política públicas y a nivel regional, es más en temas distintos, nuevos o complejos que su agenda no incluía (caso asociación público privadas o fondos de inversión). Sin embargo, aún falta mucha comunicación, confianza y articulación de agendas de redes y organizaciones de sociedad civil, que permitan avizorar capacidades de cambios y ajustes del modelo.
