Países del Sur piden a China que asuma responsabilidad por impacto de sus inversiones

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  • Perú, Ecuador, Kenia y Palestina reafirmaron principio y responsabilidad extraterritorialidad para el respeto de los derechos humanos, en el marco de sus inversiones

Ginebra, 6 de noviembre de 2018.- Las Naciones Unidas evaluaron a la República Popular China sobre el cumplimiento de derechos humanos en el marco del Examen Periódico Universal 2018 (EPU), con la participación de delegados de 150 países, que dieron recomendaciones a la nación interpelada.

Durante la sesión de evaluación, El Estado Peruano a través de su representante, Ana Teresa Lecaros, pidió a China que construya normativa que garantice proteger los derechos humanos en el marco de los proyectos que implementa o financia fuera de su territorio “el establecimiento de un marco legal para garantizar que las actividades que realizan las industrias sujetas a su jurisdicción no afecten negativamente los derechos humanos en sus actividades en el extranjero”.

Por otro lado, el Estado ecuatoriano, en voz de su delegado, Alejandro Dávalos, instó a China a tomar “medidas que garanticen que los proyectos de desarrollo e infraestructura, dentro y fuera de su territorio, guarden plena consistencia con los derechos humanos y el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales en línea con la legislación internacional”

Al respecto, Gregorio Mirabal, coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), organización que ha presentado un informe a Naciones Unidas con información relevante de violaciones a derechos indígenas en proyectos de inversión con capitales chinos en 5 países de Latinoamérica, señaló “La principal amenaza de los territorios indígenas en la cuenca amazónica está relacionada con el extractivismo, extracción del petróleo y , sobre todo, la minería. En este momento el país con más inversiones en minería y extractivismo en América Latina es China”.

Durante la sesión, las delegaciones de Kenia -uno de los tres países a cargo del proceso de evaluación a China- y de Palestina reiteraron la necesidad de que China opere con estándares adecuados para el respeto de derechos en países con presencia de conflictos ambientales o sociales.

La delegación china, por su parte, desestimó las preocupaciones por su política ambiental y manifestó que el país acelera la transformación del patrón de desarrollo económico y abandona lo que dañe el ambiente “nos rehusamos a buscar rutas económicas más cortas a expensas del ambiente”.

Cabe recordar que el incremento de los capitales chinos en Latinoamérica es tangible y se evidencia a través del comercio, inversión y finanzas. Solo en el 2016, los préstamos soberanos de los bancos chinos en Latinoamérica alcanzaron a los $21 200 millones, cifra que supera lo prestado por el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial en el mismo año.

Al respecto, Vanessa Cueto, presidenta de la Asociación Civil DAR y miembro de la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación, señaló: “Se necesita una China con puertas abiertas a la transparencia en políticas ambientales y sociales de sus inversiones. La creciente importancia comercial de América Latina en la vida económica de China debe reflejarse en un cambio de estrategia hacia el diálogo con la Región”.

Justamente, de acuerdo a los casos reportados por el Informe de COICA, existe una fórmula que representa una gran amenaza para los pueblos indígenas: débiles mecanismos de transparencia sobre los estándares y políticas de inversión chinas, inexistente información técnica ambiental, y nulos mecanismos de participación y consulta. Esta amenaza se materializa cuando, a pesar de esta debilidad, proyectos mineros y de hidrocarburos -como los documentados en el informe de COICA- son aprobados por las instituciones correspondientes de cada país.

MYERS, Margaret & KEVIN Gallangher. “Chinese Finance to Lac in 2016”. The Dialogue. En: China-Latin America Report. Febrero 2017.