Perú es el segundo país de la región con mayor número de hidroeléctricas

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Lima, 02 de mayo de 2014.- En el marco del Diálogo Regional “Tendencias de las inversiones de infraestructura en la región: Cambio climático y gobernanza. Una participación articulada de la sociedad civil”, realizado el último viernes 25 de abril, el consultor internacional en temas amazónicos, Paul Little, presentó los principales hallazgos de su estudio titulado “Megaproyectos en la Amazonía”.

  • Existen, a nivel de Sudamérica, 412hidroeléctricas planificadas en operación, en construcción o inventariadas.
  • Como consecuencia de estos megaproyectos, 240 mil kilómetros cuadradosde bosques han sido deforestados, entre 2000 y 2010.

La cuenca amazónica abarca el 45% del territorio sudamericano, con una extensión de ocho millones de km2 y comprende parte de Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

La publicación señala que en la Amazonía se realizan dos tipos de megaproyectos: infraestructura (transporte e hidroeléctricas) y actividades extractivas (hidrocarburos y minería).

En el caso de infraestructura, específicamente transporte, el 32% de los proyectos priorizados por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) se encuentran en la Amazonía. Asimismo, la construcción de la Interoceánica Sur, que comprende 5 404 kilómetros, debe proponer una oportunidad para estudiar sus impactos socio-ambientales, directos e indirectos.

En cuanto a las hidroeléctricas, existen en la región  412 planificadas en operación, en construcción o inventariadas. Brasil es el número uno con 256 proyectos y le sigue Perú con 77, Ecuador con 55, Bolivia con 14, Venezuela con 6, Guyana con 2, y Colombia, Guyana Francesa y Surinam con 1 hidroeléctrica cada uno.

Además, existen 151 propuestas de construcción de hidroeléctricas en países andino-amazónicos que se harán en cinco de los seis principales ríos andinos de la Amazonía (Caquetá, Madeira, Napo, Marañón, Putumayo y Ucayali).

Pese a que las inversiones siempre colaboran con el desarrollo económico del país, en el Diálogo Regional se cuestionó cuan “limpia” puede ser esta energía, ya que, a consecuencia de esta actividad, se aumenta la producción de metano (poderoso gas de efecto invernadero que se produce por la descomposición del material orgánico del fondo del reservorio).

Respecto a las actividades extractivas, la publicación revela que el 15% del territorio amazónico de la región (11 millones de km2) tiene o tendría actividades petroleras. Asimismo, 80% de los lotes de hidrocarburos están en los países andino amazónicos (263 de un total de 327). En el caso específico de Perú, el 84% de nuestra Amazonía está bajo concesiones de hidrocarburos.

En cuanto a la minería, el 21% de la Amazonía de la región (1.6 millones de kilómetros cuadrados) está cubierta de zonas mineras. De esta cifra, el 19% de las mencionadas zonas (407 mil km2) están dentro de territorios indígenas y el 15% (281 kilómetros cuadrados) en áreas protegidas.

La exposición de Little no solo presentó cifras, también fue un espacio para visibilizar y reflexionar ante el gran problema que pueden ocasionar estos megaproyectos: el impacto socio-ambiental.

En ese sentido, a escala panamazónica, se tiene la industrialización forzosa de la Amazonía, la reorganización territorial, la pérdida de la biodiversidad y degradación forestal (240 mil km2de bosques han sido deforestados, entre 2000 y 2010), y el potencial colapso ecosistémico. A escala microrregional, se señalan los procesos de etnocidio (destrucción de los modos de vida de los pueblos indígenas, migraciones forzadas, invasión y disminución de territorios), los cambios bruscos en los regímenes hidrológicos, y el crecimiento urbano desarticulado que genera marginalización económica y social.

El Diálogo Regional fue organizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú, la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) de Colombia, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) de Bolivia, FUNDAR Centro de Análisis e Investigación de México, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) de Argentina y el Instituto Brasilero de Análisis Sociales y Económicas (IBASE) de Brasil, con la finalidad de debatir las consecuencias económicas y socio-ambientales de las inversiones en infraestructura en América del Sur, así como sus impactos en el cambio climático.

 

Agradecemos su difusión.

 

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