Pronunciamiento Público en solidaridad y defensa del Bosque Seco Chiquitano

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“Siembra vientos y cosecharás tempestades”

A pesar que la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente sano, con un manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas; a pesar que la misma norma exige la protección del medio ambiente como requisito para la industrialización de recursos naturales; a pesar que el Estado tiene el deber de conservar, proteger y aprovechar de manera SUSTENTABLE la biodiversidad; a pesar de la promulgación de una Ley que garantiza los derechos de la Madre Tierra, que incluye su derecho al mantenimiento de la integridad de los sistemas de vida y los procesos naturales
que los sustentan, así como las capacidades y condiciones para su regeneración; a pesar del discurso gubernamental referido a la protección del medio ambiente, tanto en la esfera nacional como en el ámbito internacional; hoy, Bolivia enfrenta una de las peores catástrofes naturales de su historia, provocada por políticas que promueven la deforestación en el país.

El Decreto Supremo 3973, aprobado el 10 de julio de 2019, que modifica el artículo 5 del DS 26075, autoriza el desmonte mediante la quema controlada, o chaqueo, en tierras privadas y comunitarias ubicadas en los departamentos de Beni y Santa Cruz, siendo que, antes de la modificación, dicha actividad era permitida únicamente en Santa Cruz, y de manera exclusiva para tierras privadas. De acuerdo a la norma, cada quema controlada ha sido autorizada por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), derivando en la deforestación de más de 600.000 hectáreas en el último mes.

Ante los argumentos que buscan justificar el accionar del gobierno, alegando que estas prácticas se realizan de manera constante alrededor del mundo, es necesario mencionar que el mismo hecho de autorizar la quema controlada es una vulneración de los derechos de la Madre Tierra y de la ciudadanía en general, puesto que afecta al ecosistema y al medio ambiente en el que todos nos desarrollamos. El hecho que otros países en el mundo permitan esta acción, no exime al Estado boliviano de su responsabilidad frente a estos hechos y sus consecuencias, y mucho menos si se toman en cuenta los incendios sufridos en el Bosque Seco Chiquitano.

Las características de este bosque hacen que sea clasificado en la categoría de bosque más frágil, debido a la lenta capacidad de regeneración y a la constante amenaza que sufre con la deforestación, siendo también más propenso a los incendios forestales por la gran acumulación de materia orgánica seca y sin descomposición que se halla en el suelo. El conocer las características de este bosque, y aun así haber permitido la deforestación mediante la quema controlada en zonas aledañas o al interior del mismo, no solo representa la omisión de los deberes del Estado y la violación a los derechos ya mencionados, sino que se convierte en un acto aberrante de negligencia por parte de las
autoridades, incluyendo las declaraciones del presidente del Estado rehusándose a solicitar ayuda internacional a través de la declaración de zona de desastre ambiental. Hoy, más de 500 especies de fauna y 50 especies de flora, propias de dicho bosque, se encuentran en severo peligro siendo, al igual que la Amazonía, bienes públicos globales.

El D.S. 3973 intenta justificarse argumentando el aumento de la población y sus índices de consumo, y la consecuente ampliación de la frontera agropecuaria para incrementar la producción. Estos argumentos divergen con la descripción técnica brindada por el Plan de Uso de Suelos de Santa Cruz que caracteriza al bosque seco chiquitano como tierra de uso restringido o de uso forestal, por ser poco apto para para el uso agropecuario debido a sus características propias. En este sentido, la autorización de chaqueos en el sureste de la provincia Chiquitos y en la provincia Germán Busch carece de fundamento.

En general, el decreto en cuestión, las políticas públicas sobre la producción agropecuaria, y la desatención de las autoridades públicas, demuestran que la vanguardia del ordenamiento jurídico respecto a la protección de derechos queda enclaustrada en el papel en el que ha sido impreso. El Estado boliviano ha demostrado la poca importancia que tiene la Madre Tierra al momento de diseñar y aplicar políticas públicas, enfocándose en satisfacer intereses que van en contra de la sostenibilidad de los recursos naturales, afectando no solo a las y los bolivianos, sino al planeta en general. La crisis ambiental global a la que nos enfrentamos, obliga a actuar de manera adecuada y oportuna ante este tipo de desastres, porque el tiempo que queda es limitado, y el daño producido afecta a todos.

Es por esto que la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción
Social (UNITAS):
1. Censura la aprobación de medidas normativas y administrativas atentatorias a los derechos de Madre Tierra y de la vida.
2. Considera que las autorizaciones de chaqueo en el Bosque Seco Chiquitano y sus cercanías, constituyen actos de flagrante negligencia dadas las características específicas de ese tipo de bosque, y la importancia del sistema de vida que contiene.
3. Reprocha la actitud indolente de las autoridades bolivianas, sean oficialistas o de oposición, al no actuar de manera diligente para evitar, contrarrestar, y frenar el desastre natural que hoy se vive.
4. Atribuye especial responsabilidad a la Autoridad de Bosques y Tierras que, como instancia técnica especializada, debió rechazar las propuestas de desmonte cercanas al Bosque Seco Chiquitano y proponer métodos alternativos a la quema controlada.
5. Exige al Estado boliviano cumplir con su deber de garante de los derechos medioambientales y de la Madre Tierra, para actuar de manera óptima y oportuna, y así evitar la propagación del fuego y la destrucción que ésta conlleva. Entre algunas de las medidas que se deberían tomar, está la de declarar zona de desastre natural, para
activar el apoyo internacional.
6. Exhorta a las autoridades a garantizar políticas públicas adecuadas para prohibir la deforestación mediante la quema controlada, y resguardar las zonas forestales, áreas protegidas y parques nacionales ante el crecimiento de la frontera agrícola.
7. Hace un llamado a la conciencia ciudadana para actuar en la prevención y defensa del medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, y la preservación de todas las formas de vida que son patrimonio de la humanidad.

Bolivia, 22 de agosto de 2019

APROSAR, CASA DE LA MUJER, CEDLA, CENDA, CEJIS, CER-DET, CIAC, CIDEM, CIPCA
DNI – BOLIVIA, FUNDACIÓN ACLO, FUNDACIÓN SOCIAL URAMANTA, IICCA, INDICEP,
ISALP, KURMI, MUJERES EN ACCIÓN, PIO XII, PROMUTAR Y SEMTA.