Sociedad Civil brinda recomendaciones al borrador de Salvaguardas del BID Invest

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Fuente: DAR.ONG

  • Durante consultas públicas, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos resaltó la necesidad de incluir salvaguardas de género y participación de comunidades y partes interesadas.
  • Pedido de sociedad civil reiteró la necesidad de sumar más actores al proceso de consulta.

 

Lima, 18 de septiembre de 2019.- La Coalición Regional por la Transparencia y la Participación brindó recomendaciones a la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest, cabe destacar que Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú) y la  organización Ambiente y Sociedad (AAS, Colombia ) como organizaciones de la Coalición, participaron en las consultas públicas realizadas en la ciudad de Bogotá y Panamá, en ellas, no solo trasladaron las recomendaciones de sociedad civil, sino reiteraron la urgencia de involucrar más actores en el proceso de consulta y se programe una segunda fase para ello.

Análisis y recomendaciones

El borrador de la nueva política de salvaguardas para el sector privado del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), el BID Invest, busca incorporar ocho estándares de desempeño de la Corporación Financiera Internacional (ala privada del Banco Mundial) que datan de 2012. En ese sentido, durante las consultas se enfatizó se garantice que las salvaguardas del BID Invest sean instrumentos, cuyos contenidos estén bajo la línea de los estándares internacionales de derechos humanos, los Principios del Ecuador (2013) para el sector financiero sobre la evaluación y gestión de riesgos socioambientales, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2011) sobre medidas para proteger, respetar y remediar los derechos humanos ante eventuales afectaciones. 

Ante dicho pedido, cobró especial relevancia la participación de Guillermo Fernández-Maldonado, de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien destacó como uno de los retos persistentes en América Latina y el Caribe, el respeto de los derechos humanos frente a las inversiones, y en esta caso su interrelación los objetivos institucionales del BID (y la banca multilateral). De igual modo, consideró importante se incluyan salvaguardas adicionales (estándares de desempeño) sobre temas de género y participación de comunidades y partes interesadas. 

Fernández-Maldonado informó de la próxima presentación de un estudio de evaluación comparativa sobre la debida diligencia que se entregará al BID Invest, en el marco del proceso de consulta del borrador de su nueva política de salvaguardias ambientales y sociales. 

Ricardo Rivera, representante de DAR, hizo un llamado al BID Invest para ampliar los espacios de participación y consulta a representantes de organizaciones indígenas, cuya ausencia fue notoria en las consultas, en especial durante la desarrollada en Panamá. Ello dado que los territorios de los pueblos indígenas suelen superponerse en los proyectos de inversión, o suelen sufrir sus impactos directos o indirectos, sus comentarios pueden mejorar aspectos vinculados con los riesgos de vulneración a sus derechos colectivos. Dicho pedido fue bien recibido representantes del BID Invest, por lo que sociedad civil estará vigilante a su pronta realización.

 

Por su parte, Vanessa Torres de la Asociación Ambiente y Sociedad, destacó que  durante la consulta realizada en Bogotá las organizaciones y líderes campesinos, afro e indígenas  plantearon diferentes recomendaciones técnicas, entre las que destaca las siguientes:  resaltar la importancia de que los nuevos marcos sociales y ambientales no sean copias exactas de otros estándares ya existentes, como es el caso de las normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional (CIF), brazo privado del Banco Mundial,  las cuales si bien cuentan con regulaciones en materia de pueblos indígenas o procedimiento ambientales fueron actualizadas en el año 2012. Por esta razón el BID debe asumir el reto de establecer estándares y guías procedimentales acordes con las necesidades actuales a nivel mundial en materia de cambio climático o la difícil situación de seguridad los líderes sociales.